Contra las victimas

El reciente comunicado del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) generó un punto de inflexión en el debate regional. El organismo internacional advirtió que la expansión del discurso de las “falsas denuncias” , impulsado por sectores políticos, judiciales y mediáticos, carece de evidencia, reproduce estereotipos de género y provoca daño directo a mujeres, niñas y adolescentes que buscan acceder a la justicia.

La advertencia apunta especialmente a proyectos de ley y declaraciones oficiales que afirman, sin sustento estadístico, que existe una proliferación de denuncias falsas en casos de violencia de género y abuso sexual en la infancia. Sin embargo, el MESECVI subraya que no existen datos confiables que avalen esa afirmación y que, por el contrario, esta narrativa obstaculiza el acceso a la justicia, revictimiza y fortalece la impunidad.

"el Comité de Expertas recomienda a los medios de comunicación, instituciones académicas y operadores de justicia a actuar con responsabilidad y perspectiva de género, contribuyendo a erradicar los estereotipos que perpetúan la impunidad y obstaculizan el derecho de las mujeres y niñas a acceder a la justicia en casos de violencia en su contra."

Libertarios reproducen este discurso

En Argentina, el relato de las supuestas “falsas denuncias” fue amplificado desde espacios institucionales de alto impacto.
La senadora Carolina Losada, el senador Juan Carlos Pagotto y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona han sostenido públicamente estas ideas, presentándolas como un problema sistémico sin aportar datos verificables.
Los proyectos que impulsan, en lugar de mejorar la respuesta estatal frente a la violencia, buscan aumentar penas para un delito que ya está tipificado y que, según estudios nacionales e internacionales, es extremadamente infrecuente.

El MESECVI advierte que este tipo de iniciativas representa un retroceso normativo y una violación de las obligaciones asumidas por el Estado argentino bajo la Convención de Belém do Pará, que exige derogar normas discriminatorias, eliminar estereotipos y actuar con debida diligencia en la protección de víctimas.

Estos discursos tienen muchos amplificadores en redes sociales y voceros locales en cada provincia. En el caso de La Rioja podemos distinguir una campaña sistematica de años identificando los mismos actores. El sobrino del senador Pagotto y la periodista Nadia Araya han sido impulsores de este discurso en la provincia, presentando como “falsas denuncias” incluso casos donde los agresores fueron condenados.
Este mecanismo, que busca desacreditar a víctimas y a quienes acompañan procesos de denuncia, reproduce exactamente lo que el MESECVI describe como violencia mediática e institucional, en tanto instala sospechas generalizadas y dificulta el acceso a la justicia.

Ejemplo de Uruguay

Ante la proliferación de estas campañas de propaganda misogina, el Estado uruguayo realizó uno de los estudios más completos de la región sobre falsas denuncias en violencia basada en género y violencia sexual infantil.
La conclusión fue contundente: las denuncias falsas existen, pero son mínimas y excepcionales. No representan un fenómeno extendido ni un problema estructural.
Lo que sí es estructural y masivo es la violencia que estas narrativas buscan encubrir: la violencia de género, la violencia sexual intrafamiliar, las amenazas, el hostigamiento judicial y la revictimización mediática.

El contraste es claro, la evidencia internacional no apoya el mito de las falsas denuncias, y la experiencia de las víctimas demuestra que la violencia real es la que se intenta silenciar.

La inversión perversa del principio de inocencia

Uno de los puntos más graves del fenómeno señalado por el MESECVI es la inversión social del principio de inocencia.
Cuando una víctima denuncia hechos altamente prevalentes, como abuso sexual en la infancia o violencia de género, su testimonio es automáticamente puesto en duda, sometido a pericias, cuestionamientos, sospechas y campañas de desprestigio.

Sin embargo, cuando un agresor aparece en los medios afirmando que es “víctima de una falsa denuncia”, incluso sin haber radicado esa acusación en la justicia, la reacción social suele ser inmediata: la mujer queda marcada como culpable.

En la práctica, esto significa que las mujeres no acceden al principio de inocencia. No necesitan ser imputadas, ni juzgadas, ni investigadas: basta con una declaración mediática del agresor o de un operador político para que sean condenadas socialmente por un delito inexistente.
Esta dinámica, advierte el MESECVI, constituye una forma de violencia institucional y simbólica, que desalienta la denuncia y alimenta la impunidad.

La advertencia del MESECVI llega en un momento en que Argentina experimenta un retroceso discursivo y político que no es casual ni espontáneo. La instalación masiva del mito de las “falsas denuncias” no es una opinión: es una estrategia de poder que busca restituir un orden donde los agresores recuperan legitimidad pública y las víctimas pierden credibilidad y derechos.

Cuando un Estado, un senador o un comunicador adopta o amplifica estas narrativas sin evidencia, lo que se erosiona es el piso de protección institucional que llevó décadas construir bajo los estándares de Belém do Pará. Lo que se debilita es la confianza de las víctimas en la justicia. Y lo que se consolida es la impunidad.

Porque la maquinaria de las “falsas denuncias” no solo desalienta a quienes aún no denunciaron: castiga a quienes sí lo hicieron.
En esa inversión perversa, el principio de inocencia se aplica selectivamente: para los agresores, no para las mujeres.

La evidencia es clara: las falsas denuncias no representan un problema estructural. La violencia, sí.
Y cada vez que el Estado permite o promueve discursos que invierten esta realidad, traiciona sus obligaciones internacionales y expone a miles de mujeres, niñas y adolescentes a un riesgo mayor.

Por eso este pronunciamiento internacional importa tanto: porque recupera la verdad en un escenario donde la desinformación se volvió política pública; porque protege a quienes la justicia suele abandonar; y porque nos recuerda algo esencial: una democracia se mide también por su capacidad de creerle, proteger y garantizar justicia a quienes denuncian violencia.

Si las instituciones se alinean con los agresores, la violencia se multiplica. Si se alinean con la evidencia y los derechos humanos, la violencia se enfrenta.