Cómo la reforma laboral redefine el trabajo en Argentina

La reforma laboral que avanza en el Congreso argentino no es un simple reordenamiento técnico del régimen de empleo. Se trata de una modificación profunda de las reglas que estructuran la vida cotidiana de quienes viven de su trabajo. Cambia la forma en que se organiza la jornada, la manera en que se paga el salario, el costo del despido y el poder real de negociación de trabajadores y empleadores. Sus efectos se sentirán directamente en el bolsillo, en el tiempo disponible y en la estabilidad de millones de personas.

Uno de los cambios más significativos es la flexibilización de la jornada laboral. Aunque la ley histórica fija un máximo de ocho horas diarias, el proyecto introduce sistemas de banco de horas y cálculo por promedio que permiten concentrar más horas de trabajo en determinados días y compensarlas posteriormente con menos horas o descansos. En ese esquema, la jornada diaria puede extenderse hasta doce horas, siempre que se respete un descanso mínimo entre turnos. En la práctica, esto implica que muchas horas que hoy se pagan como extra podrían dejar de remunerarse con recargo.

La reforma también altera la forma en que se define y paga el salario. El proyecto habilita que la remuneración pueda abonarse no solo en pesos, sino en cualquier moneda, asimismo, amplía la posibilidad de pagar parte del salario en especie, es decir, mediante bienes o servicios. Este punto modifica un principio histórico del derecho laboral argentino que el salario debe ser un ingreso cierto, en dinero y disponible libremente por el trabajador. La posibilidad de pagar con productos, vales u otras prestaciones introduce un sistema de remuneración fragmentado que puede reducir la liquidez del ingreso mensual y aumentar la dependencia respecto del empleador.

El pago en especie también tiene implicancias a mediano y largo plazo. Si una parte del salario no integra plenamente la base remunerativa clásica, puede impactar en el cálculo de aportes jubilatorios, aguinaldo e indemnizaciones. Esto significa que el ingreso actual y los derechos futuros quedan vinculados a un salario menos transparente y más variable. Aunque estas modalidades requieren acuerdo entre partes, la desigualdad estructural entre empleador y trabajador vuelve relativa la voluntariedad en contextos de desempleo o precarización. En la práctica, la aceptación de estas formas de pago puede convertirse en una condición para acceder o sostener el empleo.

Otro punto central es la modificación del régimen de indemnizaciones. El proyecto reduce la base de cálculo al excluir diversos adicionales salariales y habilita sistemas alternativos como fondos de cese laboral. Esto tiende a disminuir el costo del despido para las empresas y, al mismo tiempo, debilita el carácter disuasorio que históricamente tuvo la indemnización frente a la ruptura arbitraria del contrato. Cuando despedir resulta más barato, aumenta la rotación laboral y se reduce la estabilidad. La posibilidad de negociar salarios o condiciones por empresa, en lugar de hacerlo exclusivamente por actividad o sector, también fragmenta el poder colectivo de negociación y puede derivar en mayor dispersión salarial y condiciones laborales más desiguales.

En conjunto, la reforma desplaza el eje del derecho laboral desde la protección del trabajador hacia la flexibilización del mercado de trabajo. La jornada deja de ser un límite rígido para convertirse en una variable adaptable a la demanda productiva. El salario deja de ser una suma fija y plenamente monetaria para transformarse en una combinación posible de monedas, bienes y servicios. La estabilidad se vuelve más frágil al reducirse el costo del despido y fragmentarse la negociación colectiva. Este nuevo esquema traslada parte del riesgo económico desde las empresas hacia los trabajadores, que pasan a absorber con mayor intensidad las variaciones del mercado.

El argumento que sostiene estos cambios es que la reducción de costos laborales puede incentivar la contratación y la formalización del empleo. Sin embargo, la evidencia internacional muestra resultados diversos y no concluyentes respecto de la creación de empleo sostenido a partir de la flexibilización de derechos. En economías con alta inflación y desigualdad, la pérdida de previsibilidad salarial y de poder adquisitivo puede impactar negativamente en el consumo interno y en la estabilidad social. Por eso, el debate sobre la reforma laboral no se limita a la competitividad empresarial o al volumen de empleo, sino que involucra el modelo de relaciones laborales y de distribución del ingreso que se busca construir.

La reforma redefine el trabajo como una relación más flexible y menos protegida. Implica jornadas potencialmente más largas, ingresos más variables, menor estabilidad y menor poder colectivo para negociar condiciones. No se trata de un cambio abstracto ni distante. Es una transformación que, de implementarse plenamente, alterará la vida cotidiana de quienes dependen de su salario para vivir y proyectar su futuro.

La realidad del empleo formal en Argentina ya era frágil antes de la reforma laboral. Lejos de un mercado de trabajo estable, el país atraviesa un escenario de crecimiento del empleo precario, caída del empleo registrado y aumento de la informalidad, incluso en períodos donde el desempleo baja. Sobre ese cuadro previo se proyecta ahora una reforma que promete formalizar, pero que también podría profundizar la flexibilización y la fragmentación laboral. Argentina tiene uno de los niveles de informalidad laboral más altos de la región. Aproximadamente cuatro de cada diez trabajadores están fuera de la protección legal, sin aportes jubilatorios ni cobertura social.

Durante el gobierno de Milei se registró una caída del empleo formal privado. En algunos relevamientos se estima que se perdieron más de 300.000 puestos registrados respecto del período previo. Si bien datos oficiales muestran que el desempleo bajó, el empleo formal no crece. En el tercer trimestre de 2025 la desocupación cayó a alrededor del 6,6%, pero la mayoría de los nuevos puestos generados fueron informales o cuentapropistas. A nivel estructural, el mercado laboral argentino presenta cerca del 42% al 44% de los trabajadores está en la informalidad, es decir, sin aportes ni protección laboral. Hoy hay 11 millones de trabajadores registrados, frente a millones que trabajan en negro o de forma precaria. Incluso con más personas ocupadas, el empleo privado registrado se mantiene estancado o en descenso en varios sectores. Esto significa que el mercado laboral argentino ya estaba en transición hacia formas más flexibles y precarias antes de cualquier reforma estructural.

La precarización laboral no es un fenómeno exclusivo de Argentina. Es una tendencia global que atraviesa tanto economías desarrolladas como emergentes y que se intensificó después de la crisis financiera de 2008, la pandemia y la expansión de la economía digital. En todo el mundo se observa un mismo proceso, más empleo flexible, menos estabilidad y una creciente transferencia del riesgo económico desde las empresas hacia quienes trabajan.

En las últimas dos décadas el empleo mundial creció en cantidad, pero se deterioró en calidad. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 60% de la población trabajadora mundial está en formas de empleo informal o precario. En muchos países, el desempleo dejó de ser el principal problema, porque el problema pasó a ser es el empleo precario. Frente a esta tendencia, los países están adoptando estrategias muy diferentes.

La Unión Europea, por ejemplo, aprobó normas para trabajadores de plataformas digitales. Estas normas buscan reconocerlos como empleados cuando existe dependencia económica real, obligando a las empresas a otorgar derechos laborales básicos. Francia, Alemania y Países Bajos avanzan en esa línea con regulación fuerte para evitar pérdida de derechos.

Estados Unidos mantiene uno de los mercados laborales más flexibles del mundo. La facilidad para contratar y despedir es alta y la sindicalización es baja. Brasil, tras su reforma de 2017, aumentó la flexibilización laboral y la negociación individual. Sin embargo, el empleo formal no creció y aumentaron los contratos precarios. La flexibilización suele presentarse como condición para atraer inversiones y reducir desempleo, pero cuando se profundiza sin regulación puede aumentar desigualdad y precariedad.

Las tendencias globales indican que el trabajo estable de por vida es cada vez menos frecuente. Aumentan los trabajos por proyecto, los ingresos variables y la movilidad laboral constante. Frente a ese escenario, los debates actuales se centran en cómo garantizar derechos básicos, salario digno, protección social, tiempo de descanso, en mercados laborales cada vez más flexibles.

Varios países están reduciendo la jornada laboral por porque la productividad creció mucho más que el bienestar de quienes trabajan. En las últimas décadas la tecnología, la automatización y la digitalización aumentaron enormemente la productividad. Las empresas producen más riqueza con menos trabajo humano, por eso reducir la jornada aparece entonces como una forma de repartir el tiempo de trabajo disponible sin reducir empleo.

Además, uno de los principales motores de la reducción de jornada es la crisis global de salud mental vinculada al trabajo. La Organización Mundial de la Salud incluso vinculó jornadas laborales largas con mayor riesgo de muerte por ACV y enfermedades cardíacas. Reducir horas de trabajo se ve como una política de salud pública. Países que experimentaron semanas más cortas observaron menos licencias por enfermedad, menor agotamiento y mayor bienestar general. El desafío no es solo crear empleo, sino definir qué tipo de empleo se considera aceptable en términos de dignidad y seguridad. En ese debate se inscribe la discusión argentina, dentro de una transformación global del trabajo que todavía está en disputa.

Hoy conviven dos respuestas globales a la transformación del trabajo, una es la de la flexibilización como la que se propone hoy en Argentina con más horas disponibles, salarios variables, menor protección donde se prioriza  competitividad bajando costos laborales. Y la otra es la de la reducción de jornada limitando las horas de trabajo, con mayor productividad por hora, protección social fuerte. priorizando la competitividad aumentando bienestar y eficiencia del trabajo como las reformas que llevaron a cabo España, Francia, Bélgica, Islandia, Mexico, Colombia, Japón y Corea del Sur. Ambos modelos existen simultáneamente y expresan proyectos económicos distintos.