Las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (Strategic Lawsuits Against Public Participation) —conocidas por sus siglas en inglés, SLAPP— son una forma de persecución judicial que no busca reparación real ni justicia, sino intimidar, castigar y silenciar a quienes investigan, denuncian o participan en asuntos de interés público.

Quienes promueven SLAPPs suelen ser funcionarios, empresarios o redes de poder que se valen de los procesos judiciales como herramienta de desgaste: multiplican causas penales, civiles, o administrativas contra periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos o denunciantes de corrupción.

El objetivo: instalar miedo, agotar recursos y sacar del debate público a quienes incomodan. En el mundo se reconocen varios casos de SLAPP. Uno de los más emblematicos es el de Daphne Caruana Galizia en Malta, una periodista asesinada en 2017 tras enfrentar más de 40 demandas por investigar corrupción estatal de su país o el de Rafael Marqués de Morais en Angola, periodista demandado por "difamación", privado de la libertad cuarenta días sin cargos, tras exponer abusos de poder y tortura, llamando dictador al presidente José Eduardo dos Santos . 

SLAPP en Argentina: una amenaza en crecimiento

Aunque el término SLAPP fue acuñado en EE.UU., su aplicación práctica se ha extendido con fuerza en América Latina, y especialmente en Argentina.  En los últimos años en nuestro país se multiplicaron los casos en que periodistas, activistas y organizaciones han sido blanco de causas judiciales arbitrarias y campañas de desprestigio con fines disciplinadores.

El caso de Manuela Calvo

Manuela Calvo, periodista de derechos humanos, actual presidenta de Fundación Pares y víctima de SLAPP en Argentina. Desde 2022 enfrenta una serie sistemática de denuncias penales y medidas cautelares que la han censurado, judicializado y expuesto a riesgo personal por investigar casos de abuso sexual en la infancia donde se denuncia violencia institucional, corrupción, encubrimiento y revinculaciones forzadas en la provincia de La Rioja.

Entre las represalias sufridas se puede enumerar la censura previa en múltiples causas judiciales por orden de jueces y fiscales. Imputaciones penales por "desobediencia a la autoridad" e “impedimento de contacto”, figuras usualmente utilizadas para castigar a quienes defienden víctimas de abuso, por las cuales Calvo sigue imputada hace 3 años aunque no existen evidencias de que haya cometido ninguno de esos delitos. Un allanamiento con secuestro de sus herramientas de trabajo y de su familia. Acoso judicial y mediatico por parte de Emilio Pagotto, abogado vinculado al Poder Judicial riojano, hijo del ex presidente del TSJ y sobrino del senador nacional Juan Carlos Pagotto. Violencia digital sin limites, Calvo denunció penalmente amenazas y la violencia recibida, y a pesar de las evidencias presentadas, jamas recibió medidas de protección para frenar el hostigamiento que se sostiene hace más de 3 años. 

Su caso fue elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se denuncia que el Estado argentino ha fallado en garantizar su derecho a la libertad de expresión y a ejercer su trabajo sin represalias. Hace años un amparo para poder trabajar espera ser resuelto en el TSJ de la provincia de La Rioja. 

El asesinato de Griselda Blanco

En mayo de 2023, la periodista Griselda Blanco fue hallada asesinada en su domicilio tras denunciar publicamente corrupción y violencia institucional en su ciudad. La muerte violenta de Griselda Blanco se dio en el marco de su labor como periodista. Aunque no faltó quien cuestionara su labor por la precariedad con la que ejercia, ella era miembro de la Asociación de Periodistas de Corrientes y venía denunciando abusos dentro de las fuerzas de seguridad entre otras cuestiones vinculadas con el poder político y policial. Blanco exigia publicamente justicia por la impunidad del comisario Walter Maciel en un caso donde se lo denunciaba por abuso sexual en 2019, y en la actualidad Maciel es uno de los investigados por la desaparición de Loan. 
Es importante entender que el asesinato de un periodista no solo vulnera en forma grave su derecho a la vida, sino que suprime en forma radical las garantias que el estado debe establecer para que derecho a expresarse libremente pueda ser ejercido y vulnera el derecho de las sociedades y de sus ciudadanos y ciudadanas a buscar y recibir información e ideas de toda índole. La vulneración de la dimensión social y colectiva del derecho a la libertad de expresión se hace aún más grave por el efecto de autocensura que tiene, sobre los demás trabajadores de la comunicación social, el asesinato de un periodista cometido en razón de su labor. La impunidad de estos crímenes acentúa la autocensura y constituye, también, una seria vulneración del derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual y en su dimensión colectiva. 

Antes de su asesinato, Blanco había sido amenazada en reiteradas ocasiones por policías y funcionarios. Su caso se encuentra plagado de irregularidades procesales y ausencia de perspectiva de derechos humanos. Al día de la fecha el crimen sigue impune. Dos años después, no se conocen avances significativos en la investigación, a punto tal de que la familia de Griselda asegura que el informe definitivo de la autopsia llegó a un año de la investigación, y carece de detalles clave.

El exilio forzado de Luciana Peker

La reconocida periodista feminista Luciana Peker denunció publicamente que se vio obligada a exiliarse del país tras amenazas de muerte, hostigamiento digital masivo y acoso institucional por su labor como comunicadora y defensora de derechos sexuales y reproductivos.

Peker es una voz clave en el periodismo de género argentino y fue víctima de violencia sistemática. La persecución que sufre Luciana Peker tiene una relación directa con su trayectoria como periodista feminista y, especialmente, con su rol público en la defensa de víctimas de abuso sexual, como el caso de Thelma Fardin, que marcó un punto de inflexión en el debate sobre violencia sexual en Argentina y América Latina.

Luciana Peker fue una de las periodistas clave que acompañó, visibilizó y sostuvo públicamente la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, un actor con amplia trayectoria y fuerte respaldo mediático. Esa denuncia, realizada en 2018, fue el caso más paradigmático del #MeToo latinoamericano y expuso con crudeza cómo operan los pactos de silencio en la industria del espectáculo.

Peker no solo cubrió el caso, sino que se posicionó claramente del lado de la víctima, escribiendo columnas, participando en programas y defendiendo la legitimidad de la denuncia frente a sectores que intentaron desacreditar a Fardin. Eso la convirtió en blanco de un hostigamiento persistente por parte de sectores conservadores, antifeministas y cercanos al poder político y judicial que han promovido una reacción organizada contra el movimiento de mujeres.

Desde entonces, y con mayor intensidad desde 2022 y su salida del país, Peker denunció amenazas de muerte y violación a través de redes sociales y correos electrónicos. Campañas coordinadas de acoso digital y doxxing, donde se expuso su domicilio y datos personales. Discursos de odio hacia su persona en canales de extrema derecha. Hostilidad institucional que incluyo que periodistas oficialistas y operadores judiciales acusandola de “militar denuncias falsas” o “difamar hombres inocentes”, a pesar de que hoy Darthes es un violador condenado. 

El clima de hostilidad contra periodistas feministas como Peker se intensificó con el ascenso del gobierno de Javier Milei, que ha tenido una postura abiertamente misógina y negacionista de las violencias de género. Desde cuentas oficiales o vinculadas al gobierno se ha desinformado, minimizado y hasta burlado de problematicas de abuso sexual, especialmente donde las victimas son niños, niñas y adolescentes. Estigmatizado el feminismo como “ideología totalitaria”. Apoyado o amplificado a personas que atacan públicamente a periodistas de género. Impulsado denuncias judiciales contra medios y comunicadores críticos, en una lógica SLAPP como intentando legitimar ante la opinión pública dicha practica contraria a dercho.

Javier Milei contra periodistas

El 9 de mayo de 2025, el presidente Javier Milei presentó denuncias penales por "calumnias e injurias" contra los periodistas Carlos Pagni (La Nación), Viviana Canosa (Canal 13) y Ari Lijalad (El Destape). A Pagni lo acusó de compararlo con Hitler, aunque la frase que Milei le atribuyó no fue pronunciada por el periodista.

Estas acciones judiciales, inéditas desde el retorno de la democracia en 1983, han sido ampliamente criticadas por organizaciones de prensa y derechos humanos, que las consideran un ataque a la libertad de expresión y un intento de amedrentar al periodismo crítico.

Este precedente marca un grave retroceso institucional, al utilizar el poder presidencial para judicializar opiniones periodísticas. Denunciar penalmente a periodistas desde la presidencia es un ataque directo a la libertad de prensa. Grave retroceso democrático.

Es legal —y fundamental en democracia— que el periodismo investigue e indague públicamente sobre posibles ilícitos cometidos por un presidente en funciones porque se trata de un funcionario público sujeto al escrutinio ciudadano. Y eso nunca puede considerarse calumnia, salvo que se pruebe fehacientemente la falsedad dolosa con intención de dañar, lo cual tiene un estándar muy alto en el caso de figuras públicas.

En una república, los actos de los funcionarios están sujetos al control del pueblo, y la prensa es un canal legítimo de ese control. El accionar del presidente afecta a toda la sociedad. Investigar su conducta es de interés público y, por tanto, protegido por la libertad de expresión.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el umbral de tolerancia a la crítica es más alto para los funcionarios públicos. En "Kimel vs. Argentina", la Corte IDH sostuvo que sancionar penalmente a un periodista por criticar a un juez violaba la libertad de expresión. La Corte Suprema de la Nación Argentina ha fallado reiteradamente a favor de la libertad de prensa en temas de interés público.

Criticar los abusos de poder del presidente, como sucede en estos casos denunciados, no es calumnia, porque para que se configure dicho delito requiere falsedad dolosa y acusación concreta de delito. Informar, opinar o preguntar públicamente no equivale a imputar falsamente un delito. En democracia, la crítica, aún dura, está protegida. Penalizarla sería censura encubierta. Si bien hasta el momento ninguna de las denuncias del presidente contra periodistas tuvo promovida acción penal,  si algún fiscal decidiera dar curso a alguna, el presidente deberia demostrar que hubo dolo y falsedad.

En el caso de Canosa, el jefe de Estado la acusa por haberlo tildado de "déspota" y "autoritario", cuando lo comparaba con "líderes dictatoriales".

Tanto la denuncia del periodista Ari Lijalad por una nota publicada en el sitio “eldestape” titulada "Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi", en la que, según el jefe de Estado, se lo comparaba con Adolf Hitler, como la de Carlos Pagni en la que Milei dce que le atribuyó "haber realizado las mismas conductas que llevadas a cabo por el dictador nazi Adolf Hitler para llegar al poder". Ya fueron desestimadas por los fiscales que intervinieron. 

El 19 de mayo la fiscal Paloma Ochoa decidió no impulsar la denuncia contra Lijalad, porque no advirtió delito y porque las declaraciones del periodista se encuentran amparadas en la libertad de expresión.

“Más allá de no advertirse la atribución de delitos en la publicación que motivó el inicio de la querella criminal, y pese a resultar evidente que las expresiones reprochadas al periodista Ari Lijalad se refieren a temas de interés público -lo cual excluye su tipicidad conforme los propios artículos 109 y 110 del Código Penal-, y se encuentran amparadas por el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el rol propio de la labor periodística”, dictaminó Ochoa.

Al rechazar la denuncia, la fiscal dijo que “este Ministerio Público Fiscal se encuentra legalmente inhibido de ejercer la acción penal en el presente sumario, toda vez que no surge circunstancia alguna que permita adecuar los sucesos anoticiados en un delito de acción pública”

Por su parte, el fiscal federal Ramiro González dictaminó que las declaraciones del periodista Carlos Pagni no constituyen delito alguno de acción pública y que no corresponde que el Ministerio Público inicie una investigación penal en su contra, como pretendía el presidente Javier Milei.

"El Sr. Pagni realizó un recorrido histórico sobre el régimen nazi con la clara intención de inducir al lector a una comparación insidiosa entre el dictador Adolf Hitler y mi persona", sostuvo el Presidente en su presentación judicial.  Pero además de que periodista de La Nación desmintió haber hecho esas afirmaciones. El fiscal sostuvo que "el análisis de las expresiones cuestionadas no puede escindirse del contexto en el cual fueron formuladas, una editorial de un programa de claro tiente político. En este marco, la valoración jurídica de dichos contenidos requiere una especial prudencia, en tanto involucra cuestiones que podrían encontrarse amparadas bajo la libertad de expresión"

González citó jurisprudencia nacional e internacional que respalda un criterio restrictivo a la hora de criminalizar expresiones políticas. “El discurso político o ideológico, que no conlleve un llamado directo a cometer delitos inminentes, está fuera del alcance del derecho penal”, sostuvo. Asimismo, hizo referencia a fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos que establecen que para que un mensaje pierda protección legal debe estar orientado explícitamente a incitar acciones ilegales inmediatas.

La presentación contra Pagni fue realizada en los tribunales de Comodoro Py y la investigación quedó a cargo, por sorteo, del juez Rafecas. Allí también se recibió la denuncia contra Lijalad, ya que recayó en el Juzgado Federal N°6, que está vacante y es subrogado por Rafecas. Mientras que la denuncia contra Canosa quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos, cuya fiscalía todavía no emitió dictamen.

El rol de las campañas difamatorias

La defensa pública de víctimas de abuso sexual —especialmente cuando son niñas o adolescentes— se ha vuelto un terreno de disputa ideológica. A quienes alzan la voz se las quiere desacreditar, silenciar o expulsar del debate.

El exilio de Peker, el asesinato de Griselda Blanco o la persecución judicial de Calvo no son hechos aislados, sino que son el síntoma de una estructura de poder que se resiste a perder privilegios, y que utiliza la persecución judicial, simbólica y mediática como arma para frenar el avance de los derechos.

Las calumnias públicas vertidas recientemente por Mirtha Collante, quien acusó mediaticamente de “corrupta” a Manuela Calvo sin prueba o fundamento alguno, son parte del mismo mecanismo que se ejecuta hace años. Esta afirmación no solo afecta lesiona honor de Calvo, sino que refuerza el hostigamiento sistemático que Manuela ya sufre como víctima de SLAPP, ee enmarca en un patrón de revictimización pública, ya que Collante también ha desmentido y expuesto a niñas sobrevivientes causas de abuso sexual en curso, marchando incluso a favor de sus presuntos agresores. Instala la idea de que toda denuncia es “falsa” si no encaja en su lógica personal, debilitando el sistema de protección a víctimas reales.

Lo son también los ataques sistemáticos de Emilio Pagotto, el mediatico abogado ha denunciado penalmente a Manuela Calvo en múltiples oportunidades, opera como pieza clave del entramado SLAPP en La Rioja. Ha sido quien impulsó las denuncias contra la periodista de manera sistematica en causas donde el defiende a presuntos abusadores sexuales, donde se ha buscado ocultar este delito en el ambito publico y perseguir a quienes visibilizan lo que denuncian las victimas. Pagotto es hijo de un ex presidente del Tribunal Superior de Justicia riojano y sobrino del actual senador Juan Carlos Pagotto, y utiliza sus influencias para promover estas acciones utilizando medios judiciales y mediáticos para instalar una narrativa de descrédito, tergiversar hechos y promover la impunidad de presuntos abusadores de causas en curso. En sus intervenciones mediaticas aduce a discursos que distorsionan la realidad de la problematica social de los abusos sexuales que padecen niños, niñas y adolescentes, desinformanco que la mayoria son falsas denuncias, reproduciendo las mismas falacias que su tio promueve desde el congreso nacional promoviendo leyes para criminalizar las denuncias por abuso sexual intrafamiliar y acentuar el castigo contra quienes acompañan a las víctimas.

No es un dato menor que los Pagotto sean primos hermanos de Alfredo Chade, un funcionario público de Chilecito que fue denunciado en 2019 por abuso sexual. En el marco de la investigación judicial se hallaron en su poder casi mil archivos de fotos y videos de explotación sexual infantil, donde incluso puede vérselo cometiendo los hechos denunciados.

Desde entonces, Chade ha logrado evadir el juicio por estos delitos, y hasta la fecha no hay ninguna investigación activa sobre la tenencia, producción ni distribución de ese material ilegal. Tampoco se ha indagado la posible existencia de una red de pornografía infantil detrás del hallazgo de semejante volumen de contenido.

Además, no se han allanado ni peritado los dispositivos electrónicos en otras causas donde se denuncian abusos sexuales y las víctimas relatan haber sido filmadas, tal como lo declaró la periodista Manuela Calvo en las causas judiciales en las que fue imputada sin pruebas.

El juicio contra Alfredo Chade comenzaría el próximo 28 de mayo, tras numerosas dilaciones impulsadas por la defensa. El proceso se da en un contexto en el que tanto Emilio Pagotto como Mirtha Collante llevan adelante ataques mediáticos contra el abogado querellante, David Calipo. 

Contra el SLAPP

El uso sistemático de SLAPPs, la impunidad de los difamadores y el aval tácito de ciertos actores judiciales y mediáticos debilitan el estado de derecho, deterioran la democracia y desalientan la denuncia de abusos reales.

Cuando se difama impunemente a una defensoras de derechos humanos  y periodistas como sucede en el caso de Manuela Calvo, se deslegitima su trayectoria y el trabajo de toda una red de acompañamiento.  Se aísla políticamente su voz y se pone en riesgo la continuidad de sus investigaciones y se envía un mensaje disciplinador a otras mujeres, periodistas y activistas: hablar tiene consecuencias.

Necesitamos con urgencia una ley anti-SLAPP en Argentina para frenar el uso abusivo del sistema judicial contra activistas y periodistas. Es fundamental que se sancione penalmente a quienes difaman a víctimas de SLAPP o revictimizan públicamente a niñas y adolescentes que denunciaron abusos.

El sistema judicial tiene la responsabilidad de restablecer las garantías mínimas de libertad de expresión y debido proceso, así como de combatir la corrupción interna que permite estas prácticas persecutorias.