La UNLaR y la causa en la Justicia Federal

La Cámara Federal de Córdoba, Sala B, dictó este jueves 13 de noviembre, una resolución en una causa judicial que cuestiona la habilitación de la candidatura de la rectora  de la UNLaR (Universidad Nacional de La Rioja) Natalia Celeste Álvarez Gómez. La causa se inició con un pedido de medida cautelar que quedó abstracta, ya que las elecciones ya sucedieron y dieron como gsanadora a quien hoy esta a cargo de la institución.

La resolución, firmada por los camaristas Abel Guillermo Sánchez Torres (presidente), Liliana Navarro, Graciela S. Montesi, y por el secretario Miguel H. Villanueva declaró “cuestión abstracta” el pedido de medida cautelar que buscaba frenar su asunción, consumada en diciembre de 2024, dejó sentado que el fondo de la causa sigue abierto y deberá resolverse.

Hechos:

La resolución de la Cámara Federal de Córdoba del 13 de noviembre aclaró que, si bien la medida cautelar destinada a frenar la asunción de la rectora Natalia Álvarez Gómez quedó abstracta porque su asunción ya se había concretado, el fondo de la causa sigue abierto y la Justicia debe resolver si la oficialización de su candidatura se ajustó a la Ley de Educación Superior y al Estatuto de la UNLaR.

El tribunal ordenó a la Universidad, a la rectora y a la Lista Naranja responder en un plazo de 10 días y los citó como terceros interesados, siguiendo doctrina de la Corte Suprema. Esto significa que, aunque la rectora continúa en funciones, existe un proceso judicial en curso donde se podría revisar la validez del acto de oficialización. Frente a esto, el comunicado oficial de la UNLaR afirma que la Cámara “rechazó” la cautelar de manera “contundente”, que la asunción está “plenamente consolidada”, y descalifica como “mentiras” o “desinformación maliciosa” las publicaciones que informaron sobre la continuidad del expediente.

Esa interpretación es inexacta e incompleta, porque confunde deliberadamente dos planos distintos: por un lado, la cautelar que quedó sin efecto; por otro, la causa principal, que no solo sigue abierta sino que obliga a la Universidad y a la lista vencedora a defender su actuación en sede judicial.

Preocupación:

Que una institución pública minimice o distorsione un fallo judicial en curso es preocupante porque afecta el derecho de la comunidad universitaria a recibir información precisa, instala sospechas injustificadas sobre quienes informan de acuerdo al contenido del fallo y desincentiva el debate ciudadano sobre la legalidad del proceso electoral. Reducir una resolución judicial compleja a un mensaje triunfalista no contribuye a la transparencia: por el contrario, genera desinformación institucional, socava la confianza pública y puede influir, de manera indebida, en la percepción social de un litigio que aún no está resuelto.

Aclaraciones necesarias:

Lo que “cayó” es la cautelar (la medida urgente para frenar la asunción). Lo que sigue vivo es la discusión de legalidad de la candidatura y del proceso electoral. 

El comunicado de la UNLaR presenta al menos 3 problemas: 
Primero presenta la decisión de declarar abstracta la cautelar como un “rechazo contundente” y como prueba de que la asunción “quedó plenamente perfeccionada y consolidada”, sin aclarar que el expediente principal sigue en trámite.

Relega el plazo de 10 días a una “formalidad procesal estándar”, cuando en realidad es la forma en que la Cámara incorpora a la Universidad, a la rectora y a la Lista Naranja como sujetos que deben defender su actuación en un proceso donde todavía se discute la validez de la candidatura.

Descalifica la información crítica como “mentiras”, “desinformación maliciosa” y “vieja política universitaria”, para ocultar el contenido del fallo, dando como resultado un comunicado institucional que mezcla un dato verdadero, la cautelar ya no produce efectos, con una interpretación engañosa de que no hay ningún riesgo jurídico ni control pendiente y con descalificación personal y política de quienes informan lo que dice el fallo de la justicia federal.

Para Data Cuidada, hay al menos cuatro razones de alarma:
Primero la confusión deliberada entre medida cautelar y causa de fondo. El comunicado omite un dato clave: Que la Cámara mantenga la asunción vigente no significa que haya convalidado la legalidad de la candidatura. La propia resolución deja abierta la posibilidad de revisar, por lo que presentar eso como “caso cerrado” es información inexacta que distorsiona el alcance real del fallo

En segundo lugar el uso de la etiqueta “mentira” contra información ajustada al fallo. Las notas que informan que: la medida cautelar quedó abstracta, la causa sigue, y la UNLaR, la rectora y la Lista Naranja tienen 10 días para responder, están alineadas con el contenido del fallo tal como fue difundido incluyendo dicho documento del poder judicial. Si la Universidad califica esos datos como “mentiras” sin mostrar una lectura alternativa fundada del fallo, instala un clima de sospecha sobre la prensa y sobre cualquier crítica al proceso electoral.

En tercer lugar nos alarma la desinformación desde una institución pública. No es lo mismo que se equivoque un usuario de redes, que que lo haga una universidad nacional, que tiene responsabilidades reforzadas en materia de publicidad de los actos de gobierno y transparencia.
Es, además, un actor con poder dentro de la causa judicial, no es un tercero neutral, es la institución cuya actuación está siendo revisada.

Cuando un actor así comunica de manera parcial o engañosa sobre un proceso donde es parte, lo que hace es intentar influir en la percepción pública de un litigio en curso, debilitando el derecho de la comunidad universitaria y de la sociedad a entender qué se está discutiendo.

Y por último, y no por ello menos importante, el efecto inhibidor sobre el control ciudadano. Al presentar cualquier mención a la causa como “vieja política”, “desinformación maliciosa” o “riesgo inexistente”, el mensaje hacia adentro de la comunidad es: “Hablar de este expediente es hacer política sucia”.

Eso desincentiva el debate informado sobre cómo se aplican la Ley de Educación Superior y el estatuto, qué límites tiene la autonomía universitaria frente al control judicial, y qué garantías debe haber en los procesos electorales. En términos de calidad democrática, esto es riesgoso porque transforma un control institucional legítimo (el de la Justicia Federal sobre un acto administrativo universitario) en un supuesto ataque “malintencionado”.

VERDADERO: La medida cautelar para impedir la asunción quedó sin efecto y la rectora sigue en funciones.

INCOMPLETO / ENGAÑOSO: Decir que el fallo “rechazó la cautelar” como si eso significara que la legalidad de la elección está totalmente zanjada, cuando la Cámara expresa que el fondo de la causa sigue abierto y ordena a la UNLaR y a la Lista Naranja responder.

FALSO: Afirmar o sugerir que no hay ningún cuestionamiento ni riesgo jurídico en trámite, porque el propio fallo habilita el análisis de si la candidatura fue oficializada en violación a la ley o al estatuto.

PROBLEMÁTICO: El uso de lenguaje descalificador (“mentiras”, “desinformación maliciosa”) por parte de una universidad nacional para desautorizar información que coincide con lo que surge del fallo, en lugar de aportar datos o fundamentos jurídicos adicionales.

No es la prensa la que “desinforma” al contar que la Justicia Federal mantiene abierta la revisión de la elección; es la propia Universidad la que, al reducir un fallo complejo lejos de dar tranquilidad y transparencia a la comunidad universitaria, comunica de forma inexacta sobre una causa judicial todavía en trámite.