Hace unos días FOPEA publicó como censura el corte de luz por falta de pago que sufrió Radio La Red, la cual es propiedad de un colega que representa a FOPEA en la provincia. FOPEA no publicó nada sobre la intimidación hacia la prensa de Emilio Pagotto, quien públicamente dijo que demandaría a todo colega que publicara algo referido sobre las denuncias que debe afrontar. Emilio Pagotto ha utilizado al sistema judicial para privar a los ciudadanos de conocer investigaciones periodísticas de las causas en las que defiende presuntos pederastas que tienen prioridad de contacto con sus presuntas víctimas por decisiones del sistema judicial. Las medidas de censura adoptadas judicialmente por las acciones de Pagotto han sido ampliamente justificadas en medios de comunicación, al igual que sus discursos revictimizantes, la violencia simbólica y mediática contra las mujeres que asisten a la justicia en búsqueda de protección, y contra todas las que amplificamos las demandas de las víctimas que se sienten desamparadas o vulneradas por este sistema. 

Hace cuatro años, una orden de allanamiento sobre mi domicilio marcó uno de los episodios más graves de criminalización de mi trabajo periodístico y de los antecedentes judiciales más controversiales sobre la violación del secreto de la fuente periodistica. La medida fue impulsada en el contexto de prohibir la publicación de mis investigaciones sobre el caso conocido públicamente como Arcoíris, una causa atravesada por denuncias de vulneración de derechos de una niña y por cuestionamientos al accionar del sistema judicial encargado de protegerla.

Aquel allanamiento no ocurrió conforme a derecho. Formó parte de una serie de medidas judiciales de un litigio estratégico contra la participación pública impulsado judicial y mediáticamente por Emilio Pagotto restringiendo coberturas periodísticas sobre denuncias que involucran a integrantes o decisiones de la propia administración de justicia. Como consecuencia, numerosos planteos de interés público quedaron sesgados en el debate social y la ciudadanía fue privada de conocer información relevante sobre situaciones que merecían escrutinio público.

Hoy, el impulsor de aquellas actuaciones judiciales sostiene que el mismo sistema al que recurrió entonces para impedir investigaciones periodísticas lo censura cuando le exige responsabilidades ulteriores a lo que él hace público. El argumento central de sus apariciones públicas es que no existirían condiciones suficientes para someterse a un proceso judicial y ejercer adecuadamente su defensa. 

La contradicción resulta difícil de ignorar.

Cuando las medidas judiciales fueron utilizadas para impedir el ejercicio de mi profesión, jamás tuve la posibilidad de defenderme de lo argumentado por presuntos abusadores interesados en silenciarme. No existieron igualdad de condiciones para lo sentenciado con carácter definitivo y en la mayoría de los casos sin límite temporal en dichas medidas censuradoras. Mis investigaciones fueron prohibidas mediante resoluciones basadas en afirmaciones falsas sobre mi labor profesional y que terminaron adquiriendo firmeza por circunstancias procesales que me dejaron sin una revisión efectiva. No existió para mí la oportunidad de debatir públicamente esas decisiones dentro de un proceso que garantizara una verdadera defensa.

Por eso resulta particularmente llamativo escuchar hoy cuestionamientos a la imparcialidad de funcionarios judiciales que son los mismos que intervinieron en actuaciones promovidas en mi contra. La fiscal que impulsó mi imputación penal y la jueza que concedió la orden de allanamiento solicitada en aquel momento son ahora cuestionadas por Pagotto porque lo imputan por las amenazas, las calumnias, y las injurias que al ser ejercidas públicamente están ampliamente documentadas. 

Él pidió a la justicia prohibirle a una periodista publicar su trabajo profesional sin derecho a interpelar dicha decisión judicial y se lo concedieron. Luego justificó mediáticamente la decisión distorsionando la realidad de lo censurado, inventando una realidad paralela para ocultar los hechos que fueron con éxito ocultados. Él que tuvo el acompañamiento del sistema judicial y los medios gozando de la libertad de violentar a las víctimas del sistema que le permitió la imposición de censuras previas, la intimidación y las represalias de contar lo que se prefiere silenciado. Él ahora se siente víctima del sistema porque por primera vez en años alguien consiguió que se le pidieran respuestas por los delitos que ejerce públicamente.

Si quienes antes consideraban legítimas esas intervenciones judiciales ahora sostienen que no existen condiciones mínimas de imparcialidad, ¿qué dice eso sobre los procesos anteriores y sobre las personas que fueron sometidas a ellos?

A diferencia de quienes hoy evitan notificarse o cuestionan la legitimidad de comparecer ante la Justicia, cuando fui imputada en 2022 me presenté, me puse a disposición del proceso y declaré. Cuatro años después continúo imputada por un delito que no cometí y respecto del cual nunca se produjeron pruebas que acrediten la acusación.

Tampoco puede confundirse la situación de quien debe responder ante la Justicia por sus propios actos con la de quien fue impedida de investigar y publicar información de interés público sin posibilidad de defenderse. No es lo mismo enfrentar un proceso judicial que sufrir restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo en base a lo argumentado por quien tiene intereses directos con dicho silenciamiento. No es lo mismo responder por lo que se dijo o hizo que impedir que determinados hechos sean conocidos por la sociedad.

Mientras numerosas víctimas fueron expuestas, desacreditadas o cuestionadas públicamente por Emilio Pagotto sin que existieran consecuencias, las investigaciones periodísticas sobre el funcionamiento del sistema judicial sí encontraron límites definitivos. Y esa es una asimetría que merece una reflexión profunda.

En una democracia, las garantías procesales deben ser iguales para todos. Nadie debería ser privado de una defensa efectiva. No deberían existir privilegios que amplíen la asimetría de poder en el acceso a una tutela judicial efectiva. Quien exige determinadas garantías para sí mismo debe estar dispuesto a reconocerlas para los demás. Quien reclama transparencia debe aceptar el mismo nivel de escrutinio que reclama. Y quien durante años utilizó las herramientas del sistema para restringir la circulación de información no puede presentarse ahora como víctima de mecanismos que consideró legítimos cuando recaen sobre otras personas.