Victimas de la corrupción judicial

El martes 11-11 un grupo de personas reclamaron transparencia judicial. Convocados por la asociación Madres del Dolor en solidaridad con el abogado Emilio Pagotto a raíz de una reciente sanción impuesta por el TSJ. Algunos tuvieron la posibilidad de expresar sus reclamos frente al Tribunal Superior de Justicia y luego marcharon alrededor de plaza 25 de Mayo. 

Emilio Pagotto y la victimización inversa

El abogado que suele representar presuntos abusadores que gozan de libertad y aducen ser victimas de falsas denuncias, es conocido por casos donde las victimas son forzadas a vivir en el entorno de los presuntos abusos previo a que se les tome testimonio en Cámara Gesell, pero es él quien se autopercibe como víctima de la corrupción judicial. 

La marcha no tuvo una masiva convocatoria, pero sí responde a una demanda social extendida. Incluso personas que jamás iríamos a nada convocado por esta persona, sí compartimos la necesidad de reconstruir la confianza del sistema judicial con la sociedad. 

No creo que la intervención federal a la que apela Pagotto sea una solución, y alerto sobre la distopía que se desprende de esa idea. Pero soy absolutamente consciente de las falencias que existen en el sistema judicial. Y si bien ni conocía a Emilio Pagotto cuando empecé a investigar posibles hechos de corrupción judicial detrás de las denuncias de revinculaciones forzosas, sí fueron los hechos ejecutados por él, los que me convencieron de que este sistema no es confiable.

Pagotto entró a una causa para censurar un corto de dibujos animado de ficción sobre revinculaciones forzosas que nunca fue expuesto en La Rioja. Utilizó un trailer para mentir sobre una pieza en proceso, y posterior a ello estuvo en contacto con los abogados que contraté para apelar dicha medida. Estos abogados no hicieron lo que pedí y me dejaron vencer los plazos. Así es como la sentencia quedó firme contra mi voluntad. 

A pesar de respetar la medida a rajatabla, a menos de 4 meses de la misma, la policia allanó mi casa para secuestrar todas mis herramientas de trabajo y las de mi marido por las mentiras que un presunto abusador representado por Pagotto le dijo a la justicia. Resulta que el entorno de los presuntos abusos filmó a una menor diciendo que yo le dije algo que nunca dije, y ese fue todo el sosten para que yo hace mås de 3 años esté imputada en instrucción por dos delitos que no cometí. 

Así comenzo una campaña sistematica de años de persecución judicial, amenazas, difamación y discursos de odio centrados en mi persona y especialmente en mi labor profesional. La impunidad permitió una escalada de violencia que consiguió el desplazamiento forzoso de toda mi familia.  Hoy escribo esta nota acogida en un programa de Shelter City en Uruguay.

Desde el exilio escucho a mi agresor impune sostener que él es víctima del sistema judicial, de censura y persecución, mientras observo cómo los presuntos abusadores que él defiende mienten sobre causas que la justicia a mí me prohibió hablar con medidas sin plazo. 

Tres veces denuncié penalmente la violencia sistemática en mi contra y nunca se me dió ni una medida de cese de hostigamiento. Las evidencias son muchisimas, pero esta persona goza de una impunidad que le permite patotear jueces sin límite alguno. Sin embargo, la victimización inversa es una constante en su narrativa. 

La estrategia mediante la cual quien ejerce violencia se presenta como víctima para deslegitimar a la persona que denuncia, desplazar el foco y manipular la percepción pública es su modus operandi. No es algo muy original, sino que es algo típico en las estrategias de defensa de agresores de violencias de género y en campañas de difamación, solo que él las aplica compulsivamente en casos donde se denuncian abusos sexuales contra niñas.

Reclamos

La primera en tomar la palabra fue Mirta Collante, presidenta de la Asociación Madres del Dolor quien agradeció la presencia de los asistentes, explicó las razones por las cuales la organización denunció a la jueza Loureiro, de Chamical y elogió a los abogados que representan casos que acompaña la organización. 

Le siguió Emilio Pagotto, quien se presentó como una víctima más y alardeó sobre el apoyo que recibe de jueces de instancias inferiores, afirmando que lo felicitan por estar “podridos de este Tribunal Superior”, al que calificó como el peor de la historia. Habló durante aproximadamente siete minutos, detallando su “plan de lucha” para lograr la destitución de los jueces del TSJ.

Luego el cuñado de Pagotto, el abogado Sergio Gómez, quien representa a las familias de los últimos casos de femicidio en La Rioja, tomó la palabra para expresar su orgullo por la convocatoria y para replicar la consigna: “No nos callamos más”.

Desde Chañar, Cinthia se llegó a la marcha para exigir justicia por la muerte de su hermano Gustavo Nieto quien fuera asesinado en el año 2016. Acusó a la jueza Loureiro de dilatar el proceso y pidió su destitución. Adhirió Veronica Flores de Olta, quien relató que su ex pareja intentó asesinarla en dos oportunidades y que ambos expedientes duermen junto a uno de impedimento de contacto hace 6 años, responsabilizando a la jueza por la inacción que le permitió a su presunto agresor excluirla del hogar y privar a sus hijos del contacto con su madre.

Veronica también trajo a colación otros reclamos por los asesinatos de Triki Juin, Jorge Andrada, Gustavo Nieto,  Emanuel Peña, Oscar Riquelme, caso Aballay, los siniestros viales de Gustavo Collante, la enfermera Nora Aguirre, Guadalupe Aliendro, Daniel Rodriguez, Juan Ignacio Bochi, Candela Tello, Claudio Artaza, Joel Leguiza, Leonel Soria, Leandro Quintero, Gonzalo Paredes y Pedro Vega. Además por los intento de femicidios de Marisol Castro y Laura Torres en Chamical, y los femicidios de Elba Ibañez de Chepes, Melani Ariana Lopez y Nené Quinteros en Aimogasta.

También incluyó los reclamos de presuntos abusos sexuales como el de Ariel Caliva de Ambil, Pedro Nestor Gonzalez de Malanzan. Despúes la mamá de Kevin Agüero de Chepes, victima de siniestro vial reclamó que hace 2 años espera el recurso de casación sea resuelto por el TSJ. 

Desde Aimogasta viajó la hermana de Nené Quintero preocupada por el proceder de la causa. Seguida por el pedido de libertad de Carlos Coleman, difundido como el caso del Gigoló Riojano. Su esposa sostiene que hace más de un año está privado ilegitimamente de su libertad. 

Posteriormente se leyeron los nombres de algunas víctimas de femicidio que esperan justicia, entre ellas, Claudia Vega, Cecilia Martorelli, Ana Gaitan, Thiara Carrasco. Y los siniestros viales de capital Nilda Nieto, Francisco Caliva, Lucas Luna, Agustin Páez, Javier Troncoso, Trinidad, Maycol Ahumada y Anderson González, así como los asesinatos de Franco Martínez, Gabriel Minué e Hipólito Copa. Se hizo mención también al caso de violencia de género de Nair Gleyel. 

Se pidió justicia por Dayana Collante, Marito Taboada, Torres Montero Ricardo, Agostina Gaitán, Emanuel Garay. Se exigió la restitución de la niña del caso Arcoiris a uno de los sindicados por los presuntos abusos contra ella, y posteriormente sostuvieron que Pedro Zalazar es abusador sexual. 

De Chilecito se mencionaron los casos de siniestro vial de Melina Urquizo, Caty Leiva y Vanesa Castro, así como los asesinatos de Ezequiel Rodríguez, Mauricio Arias, Emir Paez, Lucas Martínez y Gabriel Barasutti.  

Se mencionaron como desaparecidos en democracia a Diógenes Mercado, Fabian Benedetto, Peli Mercado, Joel Brial Villafuerte Sardina. Posteriormente Jessica Vega., hija de Claudia Vega pidió entre lágrimas justicia por su mamá quien fuera asesinada en el año 2022. Vega hizo énfasis en los perjuicios que provoca el retardo de justicia. 

Luego, la familia paterna del caso Arcoiris dio información falsa de lo que consta en los expedientes para exigir la restitución a pesar de lo que falló la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Siguió la mamå de Lucas Luna, quien reclamó que la jueza Cabral tiene a su cargo la causa que ya lleva 5 años esperando justicia. 

Siguió el reclamo por unas tierras, despúes el padre de Thiara Carrasco culpó a la inacción judicial del trágico desenlace de la niña de 15 años que fue hallada calcinada en 2023. Posteriormente una mujer de Córdoba habló de causa de 17 años por unas propiedades que pertenecian a su padre. Y cerró un caso de una tía impedida del contacto de su sobrina que arremetió contra la jueza Flamini.

Por otro lado, Sandra Vanni, denunció desde sus redes sociales que en esa marcha se encontraba Cacho Farías, procesado por abuso sexual de menores, cuya situación judicial sigue activa y sin resolución definitiva tras 5 años proceso. 

La marcha por la transparencia judicial fue cuestionada por mezclar muchas causas legítimas con agendas que revictimizan. Familiares de víctimas de femicidio fueron colocados en el mismo espacio que presuntos agresores de causas en trámite.

La renuncia y desacreditación de un miembro de la asociación

En este contexto, la renuncia de Lorena Tanquía a su cargo de Secretaria de la asociación Madres del Dolor marca un punto de inflexión. Su carta expresa la incoherencia ética que algunas sobrevivientes sintieron ante una marcha donde aparecieron presuntos agresores:

Tanquía remarca algo fundamental: no se puede hablar de justicia mientras se habilitan espacios que revictimizan a quienes han sufrido violencias extremas. Su renuncia no es un gesto individual; es una forma de resistencia frente a la instrumentalización del dolor, y un llamado a recuperar la coherencia ética en espacios que se dicen defensores de las victimas. 

Mirta Collante salió a responder a Tanquía descalificándola afirmando que: “busca ensuciar”, invalidando el sentir de una sobreviviente de violencia de género que pertenecía a la organización. No solo evadiendo la discusión de fondo, sino que reproduciendo patrones de silenciamiento y hostigamiento que contradicen la razón de ser de la organización que encabeza.

Posteriormente, ambas mujeres fueron entrevistadas en Medios Provincia para aclarar lo que si hizo público sobre sus diferencias, y lejos de centrarse en el sentir de las victimas al ver a sus presuntos agresores en la marcha para militar su impunidad en nombre de la transparencia judicial, la presidenta de Madres del Dolor eligio culpar a quien suscribe por la publicación de la renuncia de su secretaria. 

Tanto lo expresado por Tanquia como por Collante coincide en un altercado que tuvieron hace un mes y medio cuando la presidenta de la asociación, por pedido de un miembro del Tribunal de Justicia de La Rioja, le habria pedido a Collante que los miembros de la asociación no participaran de un evento de mediación comunitaria. Por lo que ambas relatan, Tanquia le cuestionó esta situación y eso desplegó una discusión en donde ambas reconocen una disputa por el acceso a los libros de actas de la intitución a los que la secretaria no habria tenido acceso. 

Desde entonces Tanquia dejo de pertenecer a la organización, pero decidio hacerlo publico tras la marcha por los reclamos que diversas victimas le hicieron al respecto a la presiencia de sus agresores en la misma. Lo curioso es como llega la presidenta de Madres del Dolor que apoya a mi agresor, a considerar que yo tengo algo que ver en la desición de la ex secretaria de su institución. Inventando muchisimas cosas de quien esta en el exilio con su familia, para desviar el foco de lo que se cuestionaba respecto a la marcha. 

No es la primera vez que Collante me agrede gratuitamente en medios de comunicación, pero lo preocupante es que en esta instancia confesó las coacciones que sufren los familiares de las victimas de femicidio de su parte respecto a la posibilidad de que yo cubriera la situación en la que se encuentran sus causas.

Collante dijo publicamente que ella es la encargada de decirle a los familiares de las victimas que de hablar conmigo quedarian sin patrocinio juridico, y lo peor de todo es que las ültimas veces que contacte a estas familias fue para conocer detalles sobre una investigación que venimos realizando respecto a la dilación de condenas en estos casos. 

Permitanme dudar de esta forma de instrumentalización de las victimas y de los intereses de sus representantes en que ellas obtengan celeridad en las condenas de los femicidas. Sobre todo conociendo como los feminismos hemos exigido respuestas hace 10 años, sabiendo que en la actualidad teniendo juzgados especializados para mejorar la respuesta de la justicia, lejos de tener ese resultado, las condenas a los femicidas son cada vez más lentas.