Violencia Policial
Sobre el abuso de poder de las fuerzas y el procedimiento contra el periodista Luis Lobos y su familia
Desde Fundación Pares manifestamos nuestra profunda preocupación por el reciente episodio de violencia institucional sufrido por el periodista Luis Lobos y su familia, quienes fueron objeto de un accionar policial arbitrario e irregular mientras el trabajador de prensa se encontraba cubriendo un procedimiento en la vía pública.
El intento de impedir la labor periodística, sumado al trato recibido por sus familiares al intentar asistirlo, constituye un hecho grave que no solo vulnera garantías individuales básicas, sino que también afecta de manera directa la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a informarse.
Nos preocupa especialmente el reiterado accionar policial en torno a procedimientos irregulares: intervenciones sin identificación de los efectivos, demoras sin fundamento legal, restricciones indebidas al registro periodístico y prácticas que implican un uso abusivo del poder estatal sobre civiles. Estas conductas no son aisladas ni excepcionales; por el contrario, se repiten con preocupante frecuencia en distintos operativos que incluso quedan registrados en medios de comunicación y redes sociales.
Este episodio debe leerse en un contexto más amplio. Observamos una escalada de prácticas policiales que exceden los límites de la legalidad y que se desarrollan en un marco nacional donde se legitima discursivamente el uso excesivo de la fuerza contra la ciudadanía. Cuando desde los discursos públicos se naturaliza el endurecimiento sin control, se debilitan las garantías constitucionales y se habilitan prácticas contrarias a la tutela efectiva de los derechos humanos.
Recordamos que toda intervención policial debe regirse por los principios de legalidad, proporcionalidad, identificación obligatoria, rendición de cuentas y respeto irrestricto a las libertades civiles. La interrupción del trabajo periodístico en la vía pública, sin orden ni causa legal, constituye una violación directa a estos principios y a estándares democráticos básicos.
Por ello, solicitamos al Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos:
1 - Que la investigación anunciada sobre el procedimiento sea exhaustiva y con resultados públicos.
2 – Que se identifique a todos los efectivos intervinientes y se determinen responsabilidades administrativas y, de corresponder, penales.
3 – Que se refuercen de manera inmediata los protocolos de actuación en relación con la prensa y con la ciudadanía en general.
4 – Que se garantice la identificación visible de los agentes en cada operativo.
5 – Que se adopten medidas e formación en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza.
6 – Que se establezcan mecanismos de prevención y monitoreo para evitar la reiteración de estos hechos.
La seguridad pública no puede construirse a costa de los derechos de la ciudadanía. El orden democrático se sostiene sobre fuerzas de seguridad profesionales, controladas y respetuosas de la ley. Cada abuso sin sanción erosiona la confianza pública y debilita el Estado de Derecho.
La protección de la libertad de prensa y de las garantías civiles debe ser efectiva, constante y sin excepciones.