En La Rioja se está consolidando un patrón de violencia política por razones de género que no puede seguir siendo leído como una sucesión de hechos aislados, ni como simples excesos del debate público. Se trata de prácticas sistemáticas que apuntan a desalentar, disciplinar y castigar la participación política de las mujeres, desplazando la discusión democrática desde las decisiones de gestión hacia la exposición de la vida privada, el hostigamiento mediático, la persecución personal y familiar.

La reciente exposición mediática de la Secretaria de Comunicación y Planificación del Gobierno provincial, Luz Santangelo Carrizo, fotografiada y perseguida por asistir a un recital en la ciudad de Córdoba, es un caso paradigmático. No hubo cuestionamientos fundados sobre el uso de recursos públicos, incumplimientos funcionales ni contradicciones con decisiones institucionales.
pero si hubo, vigilancia informal, invasión de la intimidad y construcción de sospecha personal como forma de ataque político sistematica. Un mecanismo que, vale subrayarlo, no se aplica con la misma intensidad, ni con los mismos códigos, cuando se trata de funcionarios varones.

En un contexto económico crítico, en un escenario de desfinanciamiento estructural de la provincia, la crítica no se dirigió al análisis de políticas públicas, presupuestos o responsabilidades institucionales. Se dirigió al cuerpo, a la vida privada y a los movimientos personales de una mujer funcionaria. Ese corrimiento no es ingenuo: es una de las marcas más claras de la violencia política por razones de género.

Un patrón que se repite

Este escrache contra Luz Santangelo Carrizo no es un hecho aislado. Cada vez más vemos hechos que evidencian un patrón reiterado. Calumnias a funcionarias, campañas de desprestigio sostenidas en el tiempo y ataques que escalan en gravedad. Hace no mucho Ximena Marenco padeció un ingreso a su domicilio, ocurrido luego de que la justicia ordenara el cese de hostigamiento por parte de un medio de comunicación que durante más de un año la atacó sistematicamente desacreditándola en su rol público. Lejos de respetar una medida judicial, ese hostigamiento fue convertido en espectáculo mediático y presentado como un supuesto intento de censura. Como si violentar mujeres fuera una expresión legítima de la libertad de expresión y no una conducta prohibida por la ley. Esta inversión del sentido jurídico y democrático no es casual: busca naturalizar la violencia y deslegitimar cualquier intento de protección institucional.

Una de las características más graves de la violencia política por razones de género es su capacidad de expandirse hacia los entornos personales, familiares y laborales. No se castiga solo a la mujer que ocupa un cargo, sino también a quienes la rodean. Falsas denuncias, operaciones mediáticas, invación de la privacidad y ataques indirectos forman parte de una misma metodología: amplificar el daño y generar miedo.

En el marco de la persecución contra Luz Santangelo Carrizo también se registraron ataques contra su entorno, incluyendo una falsa denuncia contra un familiar, difundida por los mismos circuitos y con las mismas lógicas que se utilizaron en otras persecuciones políticas y judiciales en la provincia. Esta forma de operar no es novedosa. Es parte de un repertorio conocido que busca disciplinar mediante el desgaste y la amenaza permanente.

Estas mismas metodologías fueron utilizadas en mi propio caso, hoy en contexto de exilio, y han sido mencionadas reiteradamente por actores que también atacan reiteradamente a Luz Santangelo Carrizo. No como hechos aislados, sino como parte de una narrativa que intenta vincular, estigmatizar y castigar a mujeres que disputan poder, sentido o visibilidad pública. No es por ser autorreferencial, sino para explicar un patrón que se repite con distintos nombres y en distintos momentos y en un montón de victimas.

La violencia política por razones de género se configura cuando acciones u omisiones, basadas en el género, tienen por objeto o resultado menoscabar, anular o restringir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, su acceso a cargos públicos o el desempeño de funciones. Esto incluye campañas de desprestigio, acoso mediático y digital, exposición de la vida privada, criminalización sin sustento, amenazas, falsas denuncias, vigilancia informal y utilización organizada de medios y redes para disciplinar. Es una forma específica de violencia porque se dirige a las mujeres por el hecho de ser mujeres en el espacio público.

Evidencias abundan. Estudios realizados en Argentina y en la región muestran que una amplia mayoría de las mujeres que participan en política han sufrido algún tipo de violencia de género en el ejercicio de sus funciones: desde interrupciones sistemáticas de la palabra hasta ataques en redes, difamación, amenazas o exposición de su vida privada. Estas violencias no solo afectan a las víctimas directas, sino que operan como un mensaje disuasivo para otras mujeres.

Mientras el presidente de la Nación viaja por el mundo utilizando recursos públicos sin que ello despierte mayor escándalo, una funcionaria de La Rioja es escrachada por pagarse un viaje personal para asistir a un recital en una provincia vecina. Mientras concejales con causas judiciales en curso por violencia sexual o violencia física continúan ejerciendo cargos sin el mismo nivel de cuestionamiento mediático, a Marenco se la difamó al punto de intentar un juicio político por una supuesta deuda de luz, aun cuando se llegó a exhibir públicamente una factura ya saldada. Mientras avanzan causas judiciales por hechos de corrupción a nivel nacional, en el plano local ni siquiera se necesita una denuncia penal para que ciertos medios afirmen sin pruebas que una funcionaria es una “ladrona”. En el caso de las mujeres, no importa cuántos años de trayectoria política acumulen: su carrera siempre queda subordinada a su vida familiar, al padre de sus hijos o a vínculos personales, y nunca plenamente a sus propios méritos. Este doble estándar no es una excepción, sino una constante, porque las desigualdades estructurales de género no solo persisten, sino que hoy están siendo negadas y reforzadas por los hombres más poderosos del planeta.

La diferencia en la respuesta social, mediática e institucional frente a la violencia política según el género de la víctima resulta aún más evidente a la luz de los fundamentos judiciales del atentado contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En septiembre de 2022, un hombre gatilló dos veces un arma a centímetros de su rostro. Lejos de tratarse de un hecho aislado o producto de un impulso individual, la Justicia argentina concluyó que el intento de asesinato fue la consecuencia directa de un clima sostenido de violencia política y discursos de odio. En una sentencia de 544 páginas, los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari condenaron a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el intento de homicidio, pena que fue unificada en 14 años por una condena previa por tenencia de pornografía infantil, y a su entonces pareja, Brenda Uliarte, a 8 años de prisión. La jueza Namer, autora principal de los fundamentos, sostuvo que el ataque “no ocurrió en el vacío”, sino que los discursos de odio funcionaron como una “causal necesaria” para que los imputados pasaran del dicho al hecho. El fallo advirtió que la construcción reiterada de un “enemigo común” desde redes sociales y medios de comunicación generó un escenario en el que la eliminación física del adversario político fue percibida por los condenados como un acto legítimo, incluso heroico. La sentencia también señaló que una parte de la sociedad opta por negar la evidencia y hablar de un supuesto “autoatentado” como mecanismo para no enfrentar la gravedad de esta realidad. Que incluso un intento de magnicidio contra una mujer en el más alto nivel del poder haya sido relativizado, banalizado o puesto en duda muestra hasta qué punto la violencia política contra las mujeres tiende a naturalizarse, aun cuando alcanza sus formas más extremas.

En paralelo, en el escenario político actual, se observan reacciones institucionales rápidas y severas frente a expresiones individuales cuando estas se dirigen contra el presidente de la Nación. Investigaciones penales, detenciones puntuales o procesos judiciales avanzan con celeridad. La comparación no busca justificar delitos ni banalizar amenazas, sino evidenciar un doble estándar: la violencia extrema contra una mujer en política no generó un consenso social y político sostenido de la gravedad que debería haber tenido, mientras otras expresiones reciben respuestas mucho más contundentes.

Esta asimetría no es anecdótica. Refleja una jerarquización desigual de las violencias. Cuando la víctima es una mujer, incluso cuando se trata de un atentado, la violencia tiende a ser relativizada, puesta en duda o absorbida por la lógica de la grieta. Cuando la violencia se dirige contra varones en el poder, la respuesta suele ser más inmediata y unívoca, porque nadie duda que ellos merezcan respeto. 

La Rioja atraviesa hoy un momento político particular: muchas de las proyecciones futuras de liderazgo tienen rostro de mujer. En ese contexto, la violencia política por razones de género opera como un freno estructural. No busca corregir errores de gestión ni enriquecer el debate público. Busca desalentar la participación, desgastar trayectorias y advertir que el costo de involucrarse en política siendo mujer es más alto.

Históricamente, áreas clave del gobierno provincial, como la comunicación institucional, estuvieron en manos de varones que jamás padecieron este nivel de escrutinio personal ni de hostigamiento organizado. Nadie los siguió fuera del horario laboral. Nadie convirtió su vida privada en argumento político. La diferencia no es casual: responde a relaciones de poder profundamente desiguales.

Para que La Rioja pueda avanzar democráticamente, estas prácticas no pueden seguir siendo toleradas ni naturalizadas. Se necesita una respuesta institucional clara y sostenida. Investigar y sancionar las campañas de hostigamiento y las falsas denuncias. Garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas judiciales de protección. Establecer límites nítidos entre la crítica política legítima y la violencia. Capacitar a operadores judiciales, fuerzas de seguridad y medios de comunicación en perspectiva de género y derechos humanos.

También se necesita un posicionamiento político firme que deje en claro que la participación de las mujeres en la vida pública no puede seguir teniendo un costo diferencial. Que la democracia no se fortalece persiguiendo mujeres, sino garantizando condiciones reales de igualdad para ejercer derechos.

También se necesita un posicionamiento político firme que deje en claro que la participación de las mujeres en la vida pública no puede seguir teniendo un costo diferencial. Que la democracia no se fortalece persiguiendo mujeres, sino garantizando condiciones reales de igualdad para ejercer derechos. Sin debate público no hay democracia. Y sin mujeres participando de la vida política sin miedo, sin persecución y sin represalias, no hay futuro posible para La Rioja.

También se necesita un posicionamiento político firme que deje en claro que la participación de las mujeres en la vida pública no puede seguir teniendo un costo diferencial. Que la democracia no se fortalece persiguiendo mujeres, sino garantizando condiciones reales de igualdad para ejercer derechos. Sin debate público no hay democracia. Y sin mujeres participando de la vida política sin miedo, sin persecución y sin represalias, no hay futuro posible para La Rioja.