Dos años después de su primera emisión, el gobierno de Ricardo Quintela anunció una nueva circulación de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como "Chachos", como respuesta a la crisis financiera que atraviesa la provincia y al conflicto que mantiene con el gobierno nacional por la distribución de recursos.

El regreso de una solución extraordinaria

El gobernador Ricardo Quintela confirmó que los Chachos volverán a circular a partir de agosto de 2026. Según explicaron autoridades provinciales, la decisión responde a la caída de recursos y a los incumplimientos que la provincia atribuye al gobierno nacional en el envío de fondos. El jefe de Gabinete provincial, Juan Luna Corzo, sostuvo que la medida busca preservar ingresos y sostener el funcionamiento económico en un contexto de restricciones presupuestarias.

La administración provincial ya había implementado esta herramienta durante 2024 mediante los BOCADE, una cuasimoneda con paridad nominal respecto del peso argentino que fue utilizada para complementar salarios y dinamizar el consumo interno. Ahora la experiencia tendrá una segunda etapa.

La disputa con Nación

Desde el gobierno riojano sostienen que la medida es consecuencia directa del desfinanciamiento nacional. Quintela ha señalado en reiteradas oportunidades que La Rioja fue una de las provincias más afectadas por la eliminación de transferencias discrecionales y por la interrupción de mecanismos históricos de financiamiento. Incluso definió la nueva emisión como un acto de "rebeldía" frente al ajuste impulsado desde la Casa Rosada. Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, la relación entre Nación y provincias se transformó profundamente. La reducción del gasto público nacional implicó la paralización de obras, la eliminación de programas específicos y una fuerte disminución de recursos que históricamente complementaban los presupuestos provinciales.

En ese contexto, gobernadores de distintos signos políticos comenzaron a explorar mecanismos alternativos para sostener servicios, salarios e inversión pública. La Rioja fue la primera en volver a las cuasimonedas.

El debate que sigue pendiente: el federalismo fiscal

La Rioja no es una excepción, pero en esta coyuntura pasó a ser un símbolo de la lucha federal por la distribución de recursos. La mayoría de las provincias argentinas dependen en gran medida de la coparticipación federal porque el sistema tributario nacional concentra la mayor parte de la recaudación en el Estado Nacional para luego redistribuirla entre las jurisdicciones. Esa arquitectura institucional no surgió por casualidad. Fue el resultado de largas disputas entre provincias con capacidades económicas profundamente desiguales y de la necesidad de garantizar que los territorios menos poblados o con menor desarrollo industrial pudieran sostener servicios esenciales, infraestructura, educación, salud y salarios públicos.

Las luchas históricas del federalismo argentino estuvieron atravesadas precisamente por esa discusión, cómo distribuir los recursos que se generan en todo el país para evitar que el desarrollo se concentre exclusivamente en los grandes centros económicos. Desde esa perspectiva, la coparticipación no constituye un subsidio sino uno de los mecanismos centrales mediante los cuales se materializa el pacto federal.

En el caso riojano, el conflicto adquiere una dimensión aún más profunda. La provincia hoy enfrenta un desfinanciamiento extraordinario producto de la interrupción de transferencias nacionales que representaban aproximadamente un tercio de su presupuesto. La decisión del gobierno de Javier Milei de no enviar esos recursos alteró de manera drástica la capacidad financiera provincial y constituye el principal argumento utilizado por la administración de Ricardo Quintela para justificar la vuelta de los Chachos.

Por eso, detrás del debate sobre una cuasimoneda hay una discusión política. No se trata solamente de cómo afrontar una emergencia fiscal, sino de qué tipo de federalismo quiere construir la Argentina. Si las provincias deben arreglarse exclusivamente con los recursos que generan dentro de sus fronteras, las desigualdades territoriales tenderán a profundizarse. Si, en cambio, se sostiene el principio de solidaridad federal que dio origen a la coparticipación, la discusión pasa por cómo garantizar una distribución más equitativa y transparente de esos recursos.

La vuelta de los Chachos no habla únicamente de la crisis de La Rioja. Habla también de una disputa histórica que atraviesa al país desde hace décadas, quién recauda, quién distribuye y quién decide, en última instancia, qué provincias pueden desarrollarse y cuáles quedan libradas a su propia suerte.