El juicio que se lleva adelante contra Alfredo Chade, exdirector del Museo Molino San Francisco de Chilecito, acusado de abuso sexual agravado contra una niña y tenencia de material de explotación sexual infantil (mal llamado pornografía infantil), ha puesto bajo la lupa no solo la brutalidad de los hechos denunciados, sino también un entramado de relaciones familiares, políticas y judiciales que protegen, revictimizan y persiguen a quienes se animan a hablar.

Con pruebas que incluyen casi mil archivos fotos y videos de MASI (material de explotación sexual infantil) el fiscal pidió 35 años de prisión efectiva por múltiples hechos ocurridos a lo largo de años, lo que revela la gravedad del caso. Sin embargo, esta causa transcurre en un clima de sospechas fundadas sobre el accionar judicial y político en torno a Chade y su entorno.

Alfredo Chade no es un ciudadano común. Es primo del ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de La Rioja, quien integraba ese cuerpo judicial cuando se hallaron en dispositivos del acusado más de 900 archivos de pornografía infantil, y primo del actual senador nacional Juan Carlos Pagotto, un referente de las políticas más regresivas en materia de género y derechos humanos.

Dicho material se encontró en 2019 y hasta ahora, no se conoce públicamente ninguna investigación sobre el contenido completo de ese material, ni si contiene víctimas identificables, ni si hay vínculos con redes de producción o distribución, o delitos de comercialización de dicho material conexos a esta causa. Que esto no se haya hecho, y que tampoco haya generado escándalo político o judicial, dice mucho más que lo que se ha dicho. 

6 años de espera y el pedido de 35 años de prisión

Chade es una figura conocida en Chilecito, con vínculos políticos y familiares de peso. Fue denunciado en 2019 por la madre de una niña de 10 años, quien relató haber sido abusada durante años. La denuncia se presentó tras que la menor, al ver una película sobre abuso sexual, decidiera contarle a su madre lo sucedido.

El fiscal Zalazar fundamentó su solicitud en la gravedad y multiplicidad de los delitos cometidos por Chade. Entre las pruebas presentadas se encuentran casi mil archivos de fotos y videos donde constan lo hechos, este material fue hallado en dispositivos electrónicos del acusado. Además, se consideraron los testimonios que evidenciaron el impacto físico, emocional y psicológico en la víctima. La acumulación de estos delitos permite, según el Código Penal argentino, una pena de hasta 35 años de prisión efectiva.

El proceso judicial ha estado marcado por múltiples irregularidades: Dilaciones injustificadas, el juicio fue suspendido en varias ocasiones, incluyendo la anulación de actos procesales debido a irregularidades en la instrucción a cargo de una juezza que hoy esta procesada por denuncias de corrupción judicial. Pérdida de pruebas clave, se reportó la desaparición de una Cámara Gesell, herramienta fundamental para la declaración de la víctima, razón por la cual la querella debió pedir que se realizara nuevamente a pesar de lo revictimizante que es, puesto a que es mayor el daño de la impunidad. Cuestionamientos a la validez de pruebas, la defensa de Chade ha puesto en duda la autenticidad del material secuestrado, argumentando posibles manipulaciones a pesar de las pericioas tecnicas realizadas sobre la legitimidad del mismo.  Es un caso con muchisima revictimización,  organizaciones feministas han denunciado la exposición pública de la víctima y la falta de resguardo de su identidad, así como la filtración de informes médicos en medios de comunicación, ademas de una fuerte campaña de falsa denuncia desmintiendo el testimonio de la victima. 

El juicio ha evidenciado no solo la gravedad de los delitos imputados a Chade, sino también las fallas estructurales del sistema judicial riojano en casos de abuso sexual en la infancia. La falta de investigación sobre la naturaleza del material hallado en poder del acusado y la posible existencia de una red de delito organizado contra las infancias, son aspectos que aún no han sido abordados. Además, los vínculos familiares y políticos de Chade han generado sospechas sobre posibles influencias en el proceso judicial.

La sentencia que se dictará en los próximos días será clave no solo para la víctima y su familia, sino también como señal sobre el compromiso del sistema judicial con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en La Rioja.

Emilio Pagotto: el pariente que opera judicial y mediáticamente

Emilio Pagotto, es pariente de Chade, hijo de un ex juez de cámara Roberto Pagotto,  sobrino de un ex juez del STJ, Mario Emilio Pagotto y del actual Senador libertario Juan Carlos Pagotto. Su padre y sus tios son primos hermanos de Chade. Emilio ha construido una trayectoria visible como abogado de presuntos abusadores sexuales en causas muy mediatizadas por la defensa. Su figura resulta clave para entender cómo funciona el mecanismo de revictimización institucional en la provincia.

En el caso conocido como Arcoíris, Emilio Pagotto representa a uno de los presuntos abusadores, señalados por una niña que, desde 2018, viene relatando distintos hechos de abuso intrafamiliar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló recientemente obligando a la justicia riojana a revisar sus decisiones en ese expediente, señalando que se desoyeron las manifestaciones de la menor y se vulneraron sus derechos.

Pagotto no solo defendió al acusado, sino que acusó penalmente a la madre protectora por impedir el contacto con el presunto abusador, y también persiguió judicialmente a la periodista que cubría el caso para un documental, con censuras previas en varas causas que él representa, e imputándola falsamente por desobediencia a la autoridad, alegando sistematicamente en medios de comunicación, de formar parte de una “asociación ilícita” de madres que se acompañan en redes de protección a sus hijas. Pagotto ha perseguido judicialmente a toda persona que manifestara creer en lo que la niña le relata al estado hace 7 años, pertitos, abogadas, periodistas, activistas, incluso funcionarias han sido calumniadas sin limites por quien defende la impunidad de los denunciados que gozan de la libertad de desmentir a la pequeña victima sin consecuencias por ello. 

Este patrón se repite en múltiples causas donde Pagotto interviene: se revincula a niñas con sus presuntos abusadores, se desacreditan sus testimonios publicamente antes de escucharlas en Cámara Gesell, y se acusa de conspiración a quienes denuncian. El resultado: niñas separadas de sus entornos protectores, madres criminalizadas, y periodistas censuradas.

Este patrón se repite en múltiples causas donde Pagotto interviene: se revincula a niñas con sus presuntos abusadores, se desacreditan sus testimonios antes de escucharlas en Cámara Gesell, y se acusa de conspiración a quienes denuncian. El resultado: niñas separadas de sus entornos protectores, madres criminalizadas, y periodistas censuradas.

El silencio sobre el MASI

En el caso Chade, los dispositivos analizados arrojaron casi mil archivos de contenido de abuso sexual en la infancia. No se conoce ninguna línea de investigación activa sobre el origen de esos archivos, posibles redes involucradas o eventuales víctimas locales. El tratamiento institucional de este dato ha sido el silencio.

La omisión no es casual: investigar esos archivos podría implicar revelar un entramado mayor, tal vez vinculado a otros casos. Y con ello, tal vez, exponer a quienes han ocupado —o aún ocupan— cargos de poder en la política y la justicia riojana.

Doble discurso y cinismo

En un giro cínico, Emilio Pagotto ha convocado recientemente a una marcha “por la transparencia judicial”, luego de perder un juicio por abuso sexual donde su defendido fue condenado por abusar sexualmente de la nieta del actual presidente del STJ. A pesar del fallo condenatorio, el agresor se encuentra en libertad, y Pagotto acusa públicamente a la familia denunciante de corrupción, alegando que su defendido fue condenado por una supuesta conspiración.

Mientras tanto, la misma línea discursiva se utiliza en redes y medios afines al poder judicial: insistir en la teoría de las falsas denuncias —incluso en casos con pruebas contundentes como el de Chade—, y criminalizar a quienes denuncian o informan.

El parentesco entre Pagotto y Chade no es un dato menor: ambos forman parte de una élite judicial y política que históricamente ha garantizado la impunidad de quienes cometen violencias sexuales en La Rioja, a la vez que atacan públicamente a víctimas, madres protectoras y periodistas..

¿Y si se investigara?

¿Qué pasaría si se abriera una investigación seria sobre el contenido del material incautado a Chade? ¿Si se cruzaran datos con otras causas? ¿Si se asumiera la posibilidad de que no estamos ante casos aislados, sino ante una red de complicidades funcionales?

El silencio institucional, el blindaje mediático y la revictimización sistemática son señales claras de que el problema no es solo el delito, sino la estructura que lo tolera y lo reproduce.

 No son falsas denuncias: es una maquinaria de persecución a quienes denuncian

Lo que ciertos sectores llaman “falsas denuncias” es, en realidad, una narrativa construida para proteger privilegios, encubrir delitos y desacreditar a quienes luchan por justicia. En La Rioja, el poder se alinea con los acusados, y los tribunales que deberían proteger a las infancias son parte activa de su desprotección.

Este juicio contra Chade no ocurre en el vacío. Juan Carlos Pagotto, actual senador nacional, impulsa hoy en el Congreso una ley que agrava las penas por “falsas denuncias”, una narrativa que busca instalar la idea de que las mujeres y madres protectoras denuncian abusos sin pruebas para obtener beneficios judiciales. Esta iniciativa —cuestionada por organizaciones feministas y especialistas en derecho— se basa en una construcción falaz que intenta equiparar violencia estructural con casos aislados de mal uso del sistema judicial.

Pagotto, además, fue abogado defensor de Patricio Pioli, condenado a 5 años de prisión efectiva por coacción y lesiones psicológicas contra Paula Sánchez Frega, en el primer fallo ejemplar en Argentina por la difusión no consentida de material íntimo. Aquel juicio —documentado en 2021 por la periodista Manuela Calvo en Mala Víctima— motivó una feroz campaña de desprestigio sostenida en el tiempo, incluyendo una marcha marginal que promovía el concepto de “falsas denuncias”, apoyada mediáticamente por el entorno del entonces abogado Pagotto.

Ese caso fue uno de los antecedentes directos de la sanción de la Ley Olimpia en Argentina, que reconoce como violencia digital la difusión no consentida de imágenes íntimas, tipificándola como delito y reparando el daño estructural que producen este tipo de prácticas. Sin embargo, a pesar de la condena firme en el caso Pioli, el actual senador ha continuado deslegitimando públicamente el proceso judicial y a la víctima, insistiendo en la idea de que fue “una condena mediática”.

 Lo que está en juego

El caso Chade condensa todos los elementos que muestran cómo opera la impunidad de los pederastas: vínculos familiares con el poder judicial, militancia activa en contra de las denuncias de abuso, desprotección de víctimas y falta de investigación sobre delitos conexos. 

No se trata de un hecho aislado, ni algo exclusivo de Chilecito o La Rioja. Es parte de una estructura política, judicial y mediática que opera para blindar a los acusados de violencia sexual, revictimizar a niñas y adolescentes, y perseguir a quienes denuncian o comunican.

Es un eslabón más en una cadena que articula impunidad judicial local, blindaje político nacional y discursos globales negacionistas sobre la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

El contexto político nacional da señales preocupantes. promoviendo abiertamente la eliminación o vaciamiento de la Educación Sexual Integral (ESI), una herramienta clave para prevenir abusos sexuales infantiles y garantizar el acceso a derechos en la infancia y adolescencia.

Negar la ESI es desarmar a las infancias frente al abuso, impedir que puedan identificar situaciones de riesgo, y proteger a los agresores. El propio presidente ha sostenido en redes que la ESI “adoctrina” y que las infancias deben ser educadas exclusivamente por sus padres, replicando los argumentos de sectores religiosos y ultraconservadores que históricamente encubrieron violencias sexuales dentro de sus propias instituciones.

Este tipo de discurso es funcional al mismo esquema que permitió el silencio institucional en el caso Chade y en otros juicios por abuso sexual en la infancia: no escuchar a las niñas, desacreditarlas, y blindar a los agresores cuando tienen vínculos con el poder.

La alianza del gobierno nacional con referentes de la alt-right global, como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Santiago Abascal o José Antonio Kast, refuerza una agenda de impunidad para agresores sexuales, disfrazada de “lucha contra la ideología de género”.

No es casualidad que el senador riojano Juan Carlos Pagotto, defensor de violentos y genocidas, sea hoy el promotor de leyes contra “falsas denuncias”, forme parte del mismo espacio político: La Libertad Avanza. Mientras su sobrino en su provincia desacredita la palabra de niñas, criminaliza a madres protectoras y periodistas; a nivel nacional, se desaparece el Ministerio de Mujeres, se cancela la Ley Micaela en organismos clave, y se desfinancian políticas de prevención.

Manuela Calvo acumila 5 censuras previas entre intimaciones y medidas cautelares

En los últimos días, Elon Musk —empresario vinculado ideológicamente al espectro político que integra Milei— sorprendió al señalar públicamente que Donald Trump “figuraba en la lista de clientes de Jeffrey Epstein”, el magnate estadounidense condenado por liderar una red de abuso y trata sexual de menores.

La acusación de Musk no solo reavivó uno de los escándalos más oscuros de la política global, sino que también pone de manifiesto una verdad incómoda: quienes más promueven discursos moralistas, ultraconservadores o negacionistas suelen estar relacionados con redes de encubrimiento o explotación.

Mientras en La Rioja, varios casos de abusos sexuales en la infancia reflejan esa misma lógica. Los acusados que tiene vínculos con miembros de la casta judicial no llegan a ser juzgados y mientras un senador nacional refuerza los discursos revictimizantes que se usan para garantizar la impunidad de los denunciados. A pesar de la magnitud de las pruebas, aún no se investiga el contenido completo del material de "pornografía infantil" producido por Chade. Mientras tanto, Pagotto marcha por la "transpartencia judicial" aqcompañado por pederastas libres. 

Los discursos de Milei contra la ESI, la ofensiva del senador Pagotto contra las denuncias por abuso, y el blindaje judicial que protege a hombres como Chade, son parte de una misma trama. Una trama que protege a los agresores, silencia a las víctimas y promueve la impunidad como política de Estado.