La libertad de expresión en Argentina atraviesa un deterioro significativo, evidenciado por el descenso del país a la categoría de espacio cívico “obstruido” en el ranking global de libertades cívicas. Este retroceso se enmarca en un aumento inédito de agresiones contra la prensa, que en 2025 alcanzó un récord de 257 casos, incluyendo violencia digital, hostigamiento desde las máximas autoridades y ataques físicos por parte de fuerzas de seguridad. La implementación de una “retórica hostil” por parte del presidente Javier Milei, quien califica a periodistas de “delincuentes”, “corruptos” y “terroristas”, ha validado un clima de estigmatización que fomenta la cancelación de voces críticas y la autocensura.

Cuando el gobierno persigue a la prensa y a las voces críticas, la democracia sufre una vulnerabilidad institucional estructural. La persecución debilita el Estado de derecho al tratar a los derechos fundamentales como variables disponibles y no como límites al poder estatal. Al criminalizar la protesta y señalar a periodistas como “enemigos internos”, se suprime la capacidad de la sociedad para documentar abusos, controlar a los gobernantes y participar de manera informada en la vida pública.

Resulta alarmante la institucionalización de la Oficina de Respuesta Oficial tras las reformas de la SIDE por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, debido a los siguientes puntos, hoy la SIDE puede detenern sin orden judicial a cualquier ciudadano “en el marco de actividades de inteligencia”, un concepto definido de forma vaga e imprecisa que queda al mero interés del Poder Ejecutivo. La reforma permite que la SIDE realice tareas de contrainteligencia sobre actores estratégicos que puedan “desestabilizar” el sistema financiero o la economía, lo que se interpreta como una puerta abierta para espiar y perseguir a periodistas, economistas y opositores que critiquen la gestión oficial, mientras la Oficina de Respuesta Oficial, utiliza recursos públicos para vigilar, estigmatizar y descalificar activamente la labor periodística que el gobierno considere “mentira” u “operación”. Esta entidad está comandada por propagandistas y figuras de redes sociales que suelen hostigar voces disidentes que responden directamente al asesor presidencial Santiago Caputo.

En este contexto, los casos de corrupción que involucran al entorno presidencial enfrentan un escenario de opacidad y amedrentamiento. Investigaciones internacionales han señalado presuntos ilícitos como el caso $LIBRA, donde se determinó que el presidente tuvo un rol indispensable en un plan fraudulento, y el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se prohibió judicialmente la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. El uso de fondos reservados de la SIDE para financiar granjas de trolls y el hostigamiento sistemático a quienes revelan planes de espionaje interno buscan intimidar y desalentar la publicación de información sensible, protegiendo así a los funcionarios del escrutinio público. Este marco de concentración de inteligencia y ataque a la prensa dificulta que las causas judiciales avancen de forma independiente.

Red flag para la democracia

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, los agentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) cuentan con facultades para detener ciudadanos sin una orden judicial previa en contextos específicos que han generado una fuerte controversia legal. Diversas organizaciones de derechos humanos y juristas han señalado que, por primera vez desde el retorno de la democracia, se otorga a agentes civiles de inteligencia el poder de detener personas, una función que históricamente estuvo separada de las tareas de recolección de información. Se advierte que esta superposición de inteligencia y coerción estatal transforma a la agencia en una suerte de "policía secreta" con capacidad para realizar detenciones arbitrarias, persecución e intimidación sin las garantías constitucionales básicas.  Además, se ha denunciado que el DNU es inconstitucional, ya que el Poder Ejecutivo no tiene permitido legislar en materia penal (reservada al Congreso) y porque trata la libertad personal como una "variable disponible" y no como un límite infranqueable al poder del Estado.

El titular actual de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) es el contador público Cristian Auguadra, quien asumió el cargo el 2 de diciembre de 2025 tras la salida de Sergio Neiffert. Auguadra es considerado un hombre de extrema confianza del asesor presidencial Santiago Caputo y anteriormente se desempeñó como Inspector General de la División de Asuntos Internos del mismo organismo.

Durante la gestión de Javier Milei, el área de inteligencia ha experimentado una transformación profunda. Primero el gobierno disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en julio de 2024 para restablecer la SIDE como órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Bajo esta nueva estructura, se crearon cuatro agencias especializadas con autonomía técnica pero bajo control directo de la Secretaría, por un lado el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA): Inteligencia exterior, despúes la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) que anteriormente era la Agencia de Seguridad Nacional, enfocada en amenazas internas y estratégicas. La Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) responsable de la ciberinteligencia y seguridad de infraestructuras críticas. y la inspectoría General de Inteligencia (IGI) encargada de auditorías y control de recursos.

Una variable crítica ha sido el aumento exponencial de los recursos. En 2024, el presupuesto de inteligencia subió un 778%, alcanzando los 137 mil millones de pesos. Mediante el DNU 656/24, se asignaron 100 mil millones de pesos en fondos reservados, de los cuales se habria ejecutado aproximadamente el 80% antes de que el Congreso rechazara el decreto. En 2025 y 2026, el presupuesto continuó en ascenso, superando los 100 mil millones de pesos anuales.
A través del DNU 941/2025, se otorgaron facultades inéditas desde el retorno de la democracia donde se establece que todas las actividades de inteligencia son encubiertas por definición, ampliando el régimen de secreto.

El control de la SIDE ha sido un foco de disputa entre Santiago Caputo y Karina Milei. La salida de Neiffert se vinculó a su intento de acercamiento a la Secretaría General de la Presidencia, lo que derivó en su reemplazo por Auguadra para asegurar la lealtad total a Caputo. Asimismo, Karina Milei logró quedarse con el control del área de Ciberseguridad (fuera de la SIDE) y ha buscado desplazar a los equipos digitales de Caputo hacia el Palacio Libertad para recortar su influencia directa en la Casa Rosada.

Santiago Caputo mantiene un vínculo central y determinante con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), al punto de ser señalado por diversas fuentes como quien “maneja” o “controla” operativamente el organismo. Aunque formalmente es un asesor presidencial contratado como monotributista, la Inteligencia es descrita como su “principal obsesión” dentro de la estructura estatal. Caputo fue el responsable político detrás de la disolución de la AFI y el restablecimiento de la SIDE, diseñando un sistema que busca emular a agencias como la CIA o el FBI. Fue quien colocó a Sergio Neiffert como titular de la secretaría. Neiffert, es una figura sin experiencia previa en espionaje, fue elegido por responder directamente a la Casa Rosada y por su vínculo personal con el padre de Caputo. A Santiago Caputto se lo vincula directamente con el uso de los 100 mil millones de pesos en fondos reservados asignados a la SIDE para financiar una estructura de trolls y choque digital que opera desde la Casa Rosada. Se sospecha que parte de estos fondos se destinó a la contratación de granjas de trolls en la India por un valor de cinco millones de dólares.

Caputo mantiene como hombre de consulta asidua en temas de inteligencia a Lucas Nejamkis, quien es la mano derecha del exagente Antonio “Jaime” Stiuso, lo que sugiere una continuidad con figuras históricas de los servicios secretos. A su vez el asesor utiliza la influencia y los recursos de inteligencia para coordinar la Oficina de Respuesta Oficial y el equipo de comunicación digital liderado por Juan Doe, con el fin de vigilar y estigmatizar al periodismo crítico. A pesar de que Karina Milei ha intentado recortar su influencia quedándose ella con el área de Ciberseguridad, fuentes coinciden en que Caputo ha seguido sumando poder sobre los espías y los resortes operativos de la SIDE
actuando como el jefe político en las sombras del sistema de inteligencia, utilizando su estructura para la persecución de la disidencia y el control del relato oficial a través de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que aunque el Congreso rechazó el decreto que le asignaba 100 mil millones, se denunció que para ese entonces ya se había ejecutado aproximadamente el 80% de esos fondos.

Otra figura clave de este entramado es Fernando Cerimedo, un consultor del presidente Javier Milei, conocido por esyar vinculado al intento de golpe de Estado en Brasil a través de su participación activa en lo que la justicia brasileña denomina "milicias digitales" del bolsonarismo. Se le acusa de haber agitado el intento de golpe de estado contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva mediante estas estructuras de desinformación. Su vinculación con el caso brasileño se basa en el uso sistemático de redes para el hostigamiento planificado de periodistas, dirigentes y ciudadanos con una mirada crítica, una práctica que habría servido como base para la agitación política en ambos países. Debido a sus antecedentes en Brasil, enfrenta en Argentina una causa en el juzgado federal de Ariel Lijo. Este proceso es descrito como un "espejo" de la investigación brasileña, buscando determinar si las tácticas de desestabilización utilizadas allá se están replicando localmente. Según el periodista Ricardo Ragendorfer, Fernando Cerimedo maneja una "milicia" de aproximadamente 50 mil trolls financiada con fondos de la SIDE, la cual seria utilizada para la producción y viralización de noticias falsas y contenido manipulado con inteligencia artificial.

Su vínculo con Santiago Caputo es estrecho y operativo, ya que ambos son considerados los arquitectos del dispositivo de trolls del gobierno. Cerimedo forma parte del grupo de "guardianes de la imagen" presidencial que, bajo la estrategia de Caputo, utiliza redes sociales para hostigar a periodistas, dirigentes y ciudadanos disidentes. Ambos han sido vinculados al uso del Salón de los Próceres (o Salón Martín Fierro) en la Casa Rosada como base de operaciones para sus equipos de comunicación digital y choque en redes.

Además del proceso judicial federal que investiga a Cerimedo por el accionar de sus "milicias digitales", en la causa "espejo" de la investigación en Brasil, donde el dueño de la Derecha Radio está imputado por agitar el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, se han presentado denuncias penales de gran alcance que involucran directamente a la cúpula del Poder Ejecutivo y a sus asesores, basándose en evidencias de malversación de fondos de inteligencia y monitoreo técnico de redes.

La periodista Julia Mengolini denunció al presidente Javier Milei y a más de 20 integrantes de su entorno, incluyendo a Santiago Caputo, Lilia Lemoine, Santiago Oría, Mario Lugones y Luis Caputo, por asociación ilícita, malversación de fondos públicos, amenazas coactivas e instigación pública al odio. La denuncia sostiene que el gobierno costea una organización dedicada a difundir noticias falsas y contenido manipulado con inteligencia artificial para humillar a voces críticas. Además, Malena Galmarini denunció a Fernando Cerimedo acusandolo de liderar un mecanismo de ataque coordinado y planificado contra dirigentes, periodistas y ciudadanos críticos.

Por otro lado, la diputada Lourdes Arrieta denunció que el extitular de la SIDE, Sergio Neiffert habria usado fondos reservados para beneficiar a su hijo, Lautaro Neiffert, a través de contratos sospechosos con la empresa de seguridad Seguir & Protección S.R.L. Y asegura que se usadon fondos públicos para financiar un contrato con la empresa Tactic Global LLC, propiedad de Leandro Scatturice que actuaría como intermediaria entre la Presidencia y sus contrapartes en EE.UU. para operaciones políticas y comerciales poco claras. En ese marco, la legisladora señaló la existencia de una red de empresas fantasmas utilizadas presuntamente para sacar dinero del país. También el diputado Maxi Ferraro denunció que, para el momento en que el Congreso rechazó el decreto, el Gobierno ya había ejecutado aproximadamente el 80% de esos fondos (unos 103 mil millones de pesos), en un marco de opacidad institucional, donde el actual Gobierno ha establecido que todas las actividades de inteligencia son "encubiertas por definición", lo que, según organismos como el CELS y ACIJ, dificulta la trazabilidad de los fondos y el control ciudadano sobre el uso de los recursos del Estado.

No es un detalle que la carga simbólica de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para la ciudadanía argentina está profundamente marcada por una historia oscura vinculada a la represión, la opacidad y el espionaje interno, lo que genera una persistente desconfianza institucional. Para gran parte de la sociedad, el organismo no es percibido como un ente de defensa nacional, sino como una herramienta de persecución política que ha operado al margen de los consensos democráticos. La SIDE es recordada como la "columna vertebral del diagrama represivo" durante el terrorismo de Estado. En el imaginario social, su nombre está asociado al secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas. En el contexto actual, la SIDE ha sumado una nueva carga simbólica al ser vinculada con el financiamiento de "milicias digitales" que al hostigar a ciudadanos críticos en redes sociales hacen referencias al regreso de los "vuelos de la muerte", a la "vuelta de los Falcon verdes" y con frecuencia amenazan con la desaparición de quien hostigan. Esto refuerza la percepción de que el organismo es utilizado para disciplinar el debate público y estigmatizar el disenso.

El plan

El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) es el documento estratégico central establecido por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que fija los objetivos y lineamientos para el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) en los próximos años. Con este plan se busca articular bajo un mando único a los organismos que integran el SIN, como el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y las direcciones de inteligencia criminal y militar. El plan define cinco ejes prioritarios, asegurar la soberanía y autonomía de la Nación; proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado; resguardar la vida, libertad y bienes de los habitantes; garantizar la vigencia del sistema democrático republicano y federal; y preservar los recursos estratégicos.

En ese marco ordena identificar y reunir información sobre actores que puedan “desestabilizar el sistema financiero o la política económica” lo que permite un uso discrecional para tareas de espionaje interno. El concepto inédito de “soberanía cognitiva”, vinculándolo al objetivo de recabar información sobre quienes busquen “erosionar la confianza de la opinión pública” respecto a los funcionarios nacionales, habilita el monitoreo de periodistas, economistas y académicos que cuestionen los relatos oficiales.

El PIN representa un cambio en la lógica de inteligencia estatal al desplazar el eje de las amenazas externas hacia el control de la disidencia interna y la gestión de la percepción pública bajo conceptos como la prevención del riesgo estratégico. Organizaciones como el CELS y ACIJ han denunciado que el PIN identifica como amenazas a grupos específicos de la sociedad civil, incluyendo a pueblos originarios, ambientalistas y periodistas que "deslegitimen" al gobierno. El documento incluye capítulos específicos sobre la guerra cibernética, la defensa de sistemas tecnológicos y el monitoreo de actores en zonas estratégicas como las Islas Malvinas y la Antártida.

Erosionar la confianza de la opinión pública

La “soberanía cognitiva” funciona como un eje estratégico del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que permite al Estado vigilar a la ciudadanía a través del monitoreo de la opinión pública y el disciplinamiento de voces críticas. El plan permite identificar y reunir información sobre personas u organizaciones que puedan desestabilizar el sistema financiero o la política económica, la ambigüedad del término permite incluir a periodistas, economistas, académicos y opositores bajo un régimen de vigilancia. Bajo esta lógica, la SIDE ha identificado como objetivos de inteligencia a grupos que supuestamente "desinforman" o "deslegitiman" al gobierno, incluyendo a periodistas, ambientalistas y pueblos originarios. En enero de 2025, se emitió una directiva secreta para “identificar y monitorear” a los “grupos sociales vulnerables” y a cualquier actor no estatal que pudiera capitalizar la polarización política para expandir su influencia.  El DNU 941/2025 redefine la contrainteligencia para incluir la prevención de fenómenos difusos como la “influencia” o la “interferencia” en los procesos decisorios. Esto permite que el Estado vigile preventivamente cualquier flujo de información que considere un riesgo para su estabilidad política. Y para garantizar que este sistema funcione sin control ciudadano, el gobierno estableció que todas las actividades de inteligencia son encubiertas por definición, lo que impide que los ciudadanos sepan si están siendo investigados o qué datos personales está acumulando la SIDE.

En la práctica, la soberanía cognitiva transforma la sospecha preventiva en una norma, permitiendo que la inteligencia estatal se meta con la libertad de expresión al intervenir en casos donde el periodismo o la ciudadanía cuestionan los "relatos totales" del poder.

Así es como el concepto de soberanía cognitiva, incorporado en el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) de la SIDE, implica una transformación profunda y riesgosa para la libertad de expresión en Argentina.  El objetivo de recabar información sobre actores que busquen “erosionar la confianza de la opinión pública” respecto a los funcionarios nacionales convierte a la crítica en un objeto de interés para la inteligencia estatal, pudiendo identificar a cualquier voz disidente como “enemigos internos”, lo que habilita el uso de la contrainteligencia para neutralizar lo que el Estado considere “influencia, injerencia o interferencia” en los procesos decisorios.

El concepto se complementa con la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, cuyo fin es “desmentir activamente la mentira” y exponer “operaciones de los medios”. Lo que erige al gobierno como un “tribunal de la verdad”, utilizando recursos públicos para estigmatizar y disciplinar el disenso, y al declarar que todas las actividades de inteligencia son “encubiertas por definición” y permitir que la SIDE realice aprehensiones en el marco de sus tareas, el periodismo de investigación queda expuesto a un sistema de vigilancia masiva y persecución sin control judicial claro.

La presión ejercida a través de la inteligencia estatal y las campañas de odio en redes sociales genera un clima de hostilidad que lleva a la autocensura. Como señaló el periodista Hugo Alconada Mon, el objetivo es “intimidar y desalentar” a quienes publican información sensible que afecte los intereses del Gobierno. Por lo que la soberanía cognitiva implica que el Estado deja de ser un garante del derecho a la información para convertirse en un administrador de la "verdad oficial", tratando a la prensa libre como un factor de "riesgo estratégico" que debe ser monitoreado y neutralizado.

Crónica de una escalada de violencia anunciada

También denunció la falta de criterios para permitir que ciertos periodistas viajaran en el avión presidencial o integraran comitivas oficiales, y preocupaban las modificaciones legislativas que buscaban dificultar el derecho de acceso a la información pública y permitir una indebida injerencia del Estado en los medios.Se señaló a figuras como Oscar Parrilli y Rodolfo Tailhade por su responsabilidad en el manejo de la inteligencia para fines políticos y el acopio de información para "carpetazos". En 2015, tras el caso Nisman, se disolvió la SIDE para crear la AFI, una medida que el propio gobierno de entonces justificó alegando que la secretaría no había servido a los intereses nacionales. Por lo que definen que durante el kirchnerismo se consolidó un modelo de confrontación directa y uso de los servicios secretos para disciplinar el disenso periodístico.

Según los registros del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), los ataques han variado significativamente en su frecuencia, metodología y origen durante las últimas décadas. Desde el 2008, FOPEA comenzó a registrar y sistematizar cada caso de agresión de manera estadística. En este primer año FOPEA registró 130 casos, los cuales en 2025 llegaron a su maximo historico de 278 casos registrados. FOPEA describe los ataques a la libertad de expresión durante la década de los 90 como una etapa marcada por la cooptación económica y el hostigamiento judicial. Se denunció un esquema mediante el cual se utilizaban fondos reservados de la SIDE para pagar sobresueldos a periodistas, además de ministros, secretarios, diputados y jueces. El objetivo de estos pagos irregulares era garantizar coberturas mediáticas favorables a la hegemonía del gobierno. Pero además, referentes del sector señalan que se utilizó la justicia para intentar quebrar a los medios críticos a través de múltiples demandas. Un caso emblemático mencionado es el de Editorial Perfil, que debió enfrentar la “época de los 30 juicios” impulsados por la administración de Menem. Se describe que el menemismo se escudó en una “cultura del secreto de Estado” para ocultar decenas de casos de corrupción, dificultando el acceso a la información pública y la labor de investigación periodística. Se documentó la falta de acción de ciertos jueces que dejaba a la prensa en una situación de debilidad, quedando los periodistas expuestos a hostigamientos judiciales y contrademandas por parte de exfuncionarios del gobierno. 

Para FOPEA durante el kirchnerismo en terminos de ataques a la libertad de expresión el país atravesó una etapa marcada por un clima de intolerancia, el uso discrecional de los recursos del Estado como mecanismo de premio y castigo, y el espionaje interno sobre periodistas críticos. La entidad señala que se utilizó el otorgamiento de la pauta oficial de manera arbitraria para beneficiar a medios afines y asfixiar económicamente a los críticos. Un caso emblemático fue el de Editorial Perfil, a la que el gobierno de Néstor Kirchner le asignó "cero publicidad oficial", práctica que fue condenada por la Corte Suprema en 2011 y reconocida por la justicia federal en 2024 con una orden de compensación por la discriminación sufrida entre 2004 y 2014. 
Durante aquel periodo FOPEA reportó que los llamados intempestivos e intimidatorios de altos funcionarios buscaban forzar la autocensura en medios con dificultades financieras o afinidad política. Denunció publicamente que durante los primeros 22 meses de la gestión de Néstor Kirchner, no brindó conferencias de prensa, ni contestaba preguntas, lo que impedía una relación madura con el periodismo. Tambén destacaron que los funcionarios utilizaban el aparato oficial para descalificar y señalar a periodistas que difundían hechos que molestaban al Gobierno, acusándolos habitualmente de formar parte de "conspiraciones mediáticas" sin ofrecer pruebas. 

También denunció la falta de criterios para permitir que ciertos periodistas viajaran en el avión presidencial o integraran comitivas oficiales, y preocupaban las modificaciones legislativas que buscaban dificultar el derecho de acceso a la información pública y permitir una indebida injerencia del Estado en los medios.Se señaló a figuras como Oscar Parrilli y Rodolfo Tailhade por su responsabilidad en el manejo de la inteligencia para fines políticos y el acopio de información para "carpetazos". En 2015, tras el caso Nisman, se disolvió la SIDE para crear la AFI, una medida que el propio gobierno de entonces justificó alegando que la secretaría no había servido a los intereses nacionales. Por lo que definen que durante el kirchnerismo se consolidó un modelo de confrontación directa y uso de los servicios secretos para disciplinar el disenso periodístico.

Durante el periodo de Mauricio Macri (2015-2019) los ataques a la libertad de expresión principalmente se caracterizaron por el surgimiento de nuevas modalidades digitales y un tono retórico que, aunque bajo en comparación con la gestión actual, comenzó a mostrar signos de hostilidad sistemática.
En ese periodo FOPEA comenzó a sistematizar y registrar la categoría de ciberacoso y violencia digital. Los archivos indican que, tras un 2016 sin incidentes, en 2017 y 2018 se contabilizaron 6 casos anuales de agresiones en entornos digitales contra periodistas. Durante este periodo también se denunció que el sistema de inteligencia incurrió en prácticas ilegales. Un caso paradigmático citado es el del ARA San Juan.

Durante los años previos a la actual gestión, los ataques a la libertad de expresión en Argentina experimentaron una escalada gradual. En los años inmediatamente anteriores al gobierno de Javier Milei, el ambiente para la prensa se deterioró significativamente. En 2022, los casos de violencia en línea experimentaron un incremento superior al 100% respecto al año anterior. Los casos como el de Luciana Peker y Manuela Calvo revelan un entramado de persecución que utiliza el sistema judicial y el hostigamiento digital para silenciar investigaciones sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.  Luciana Peker sufrió amenazas y un acoso organizado donde operadores judiciales y organizaciones antiderechos la acusaron de "militar denuncias falsas", a pesar de que sus investigaciones, como el caso de Thelma Fardin, derivaron en condenas firmes por violación. Posteriormente Manuela Calvo es criminalizada por investigar el caso mediatizado como Arcoíris, donde ademas de las amenazas impunes, fue blanco de SLAPP (Litigio Estrategico contra la Participación Pública). 

La persecución contra estas periodistas no provieno de actores aislados, sino de estructuras vinculadas al poder estatal. En el caso de Peker, la justicia confirmó una "orquestación organizada" cuyas amenazas provenían de direcciones IP localizadas en el edificio Alas de la Fuerza Aérea Argentina. Se vincula este entorno con figuras como Francisco Oneto, abogado directo de la actual presidencia. En el caso de Calvo, el acoso judicial es liderado por Emilio Pagotto, hijo de un ex juez de cámara de la justicia riojana, sobrino de un ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y del actual senador nacional  de la Libertad Avanzaa, Juan Carlos Pagotto, quien impulsa un proyecto de ley que intenta instalar que existe un problema extendida de Falsas Denuncias de violencia de género. Ambas enfrentan campañas que instalan la idea de que los abusos denunciados son "operaciones" o "denuncias falsas". Esta narrativa es amplificada por el actual Gobierno, que ha sido señalado por tener una postura misógina y negacionista de las violencias de género, estigmatizando al periodismo feminista como una "ideología totalitaria", y en ambos casos pesar de presentar pruebas de amenazas de muerte y otras violencias, ninguna de las dos ha recibido medidas de protección efectivas por parte del Estado argentino. Por lo que Peker vive en el exilio desde fines de 2023, y Calvo se exilió durante los últimos meses de 2025. 

Calvo fue allanada en su domicilio en junio de 2022 y todos sus dispositivos electrónicos fueron secuestrados, al igual que el comunicador mapuche Oscar Moreno en octubre del mismo año. En noviembre de 2024 allanaron a Luis Ángel Caro, el dueño del portal Noticias A secuestrandole su computadora personal y su celular, al igual que a Florencia Belén Aguirre, una comunicadora de TikTok en Misiones donde le secuestraron tres teléfonos celulares. La violación del secreto de las fuentes periodísticas tenia como referencia la persecución de Daniel Santoro que  enfrentó un procesamiento judicial que buscó criminalizar su relación con sus fuentes informativas. Pero con los allanamientos y secuestros de los dispositivos a diversos periodistas del interior del país, la violación del secreto de las fuentes periodísticas paso a ser cada vez más frecuente. 

Respecto a la censura, a pesar de que la primera medida judicial que impone censura previa en un documental para el que trabajaba cuando empezó el SLAPP en 2022, en el monitoreo de FOPEA no figuran casos de censura registrados en ese año, pero se regsitan dos en 2023, 7 en 2024 y 10 en 2025. Respecto a los discursos estigmmatizantes pasaron de 23 casos registrados en 2023, a 76 en 2024 y 139 en 2025. La persecución judicial de periodistas ni estaba en la clasificación de los casos registrados en 2022 cuando a mi me imputan penalmente por dos delitos que nunca cometí. Aquel año figuranapenas 9 casos figuran como "agresiones con el uso de las normas vigentes". Pero ya para 2023 y 2024 se contaban 11 casos de acciones judiciales por año, las cuales en 2025 pasaron a ser 30 casos. 

En cuanto a los ataques a la integridad, es notable el incremento de casos. Por un lado, la violencia fisica durante las coberturas creción muchisimo en los últimos años. Nos alarmamos cuando a Alejandra Bartoliche de Télam y comunicadores de Radio Autónoma Piuke fueron afectados por gases lacrimógenos lanzados por la Policía Federal mientras cubrían una ceremonia mapuche en 2022, y horrorizados en 2023 cuando vimos como al periodista Santiago Martella de TN le era lesionado por un piedrazo en el rostro y cuando Daniel Bello de Télam le dispararon una bala de goma en la cara durante la cobertura de las protestas en Jujuy. Pero ya dejamos de sorprendernos tras los más de 30 trabajadores de prensa resultaron heridos por balas de goma y gases durante la cobertura de las protestas por la "Ley Ómnibus" en febrero de 2024 donde vimos como al camarografo de canal 9, Bruno Gange, recibia 7 balazos y en las protestas que siguieron en junio, el fotógrafo Mariano Dalaison recibia un disparo de bala de goma en la frente. Durante la marcha de jubilados en agosto de 2024 Pablo Corso (LN+), Marcelo Baldasarre (Canal 9) y equipos de C5N fueron afectados por gas pimienta, y terminamos normalizando ver periodistas con cascos y antiparras para trabajar. El número de trabajadores de prensa heridos ha sido récord, con un aumento del 66% en agresiones por fuerzas de seguridad en 2025. Y es así, como esta escalada de violencia casi se cobra la vida del joven fotoperiodista Pablo Grillo, cuando un 12 de marzo durante una cobertura de protestas frente al congreso, el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza disparado por la Gendarmería, provocó una lesión cerebral que lo llevo a pelear por su vida hasta hace poco. 

Ciudadania en libertad condicional

Pero los ataques a la libertad de expresión no se reducen solo a periodistas, se esta naturalizando que cualquier persona puede ser blanco de persecuciones, detenciones y hostigamiento público. Tras la asunción de Milei vemos a diario como esto sucede. El 4 de enero de 2024, Morandini, profesor universitario y Villegas fueron detenidos en Jujuy. Pasaron 53 días presos por haber compartido en redes sociales rumores irónicos sobre la esposa del exgobernador Gerardo Morales. Un par de meses despúes, Ramiro Barrionuevo, mecanico, fue detenido en abril de 2024 tras publicar videos en TikTok con críticas al oficialismo local en Misiones, le incautaron todos sus dispositivos electrónicos. En julio, Cristian Cabral, un militante barrial en Misiones, fue allanado en su domicilio y estuvo dos semanas detenido por discusiones sostenidas a través de Facebook. Y el 2 de noviembre de 2024 una enfermera en Misiones, sufrió un allanamiento mientras dormía con su bebé, fue encapuchada, detenida y le secuestraron sus teléfonos por sus videos críticos en TikTok.

El 11 de septiembre de 2024, una niña de 11 años fue gaseada durante una marcha de jubilados, fue rociada con gas lacrimógeno por la Policía Federal y posteriormente, el Ministerio de Seguridad difundió una versión falsa para culpar a una manifestante, aunque se comprobó la responsabilidad policial. El 22 de octubre de 2024, la hija del periodista Marcelo Bonelli fue expuesta y atacada personalmente por el presidente Milei en la red X, cuestionando su situación laboral debido al vínculo familiar con su padre y el 28 de diciembre de 2024, se denunció que el abogado Franco Bindi publicó retratos familiares y audios de uno de los hijos del periodista Alejandro Alfie como método de intimidación.

Los ataques contra Ian Moche son parte de ese show de la impunidad de la violencia institucional contra cualquier ciudadano. Amenazar y atacar a los hijos de periodistas dejo de ser sorpresa, y varios iInformes de derechos humanos registran que en 2025 las protestas derivaron en detenciones masivas que incluyeron no solo a manifestantes y periodistas, sino también a personas mayores y transeúntes comunes que ni siquiera participaban de las marchas.

La ciudadanía argentina se encuentra bajo "libertad condicional" tras una serie de reformas y acciones gubernamentales que, han debilitado los límites institucionales al poder estatal, normalizado la vigilancia sobre el pensamiento y otorgado facultades coercitivas inéditas a organismos que operan bajo el secreto.
La libertad física deja de ser un límite infranqueable para el Estado y pasa a ser una "variable disponible" del Poder Ejecutivo, hoy cualquier persona puede ser privada de su libertad arbitrariamente.

El Estado deja de vigilar delitos para pasar a vigilar percepciones y discursos. Esto instala una lógica de "sospecha preventiva" sobre periodistas, economistas y ciudadanos comunes, donde disentir con el relato oficial se convierte en un "riesgo estratégico" que amerita seguimiento. El ciudadano pierde el derecho a saber si está siendo investigado, por qué motivos o quién tiene sus datos. Las medidas actuales superponen nuevamente las funciones de inteligencia, seguridad y coerción estatal, una lógica propia de regímenes de facto. Hoy vivimos en un Estado de Vigilancia, donde los ciudadanos mantienen sus libertades siempre y cuando su conducta e ideas no entren en conflicto con lo que los intereses de la casta, que usa y abusa de su poder, sin consecuencias.