Los de azul

La Rioja atraviesa una crisis económica real, a la situación crítica que afecta a todo el pais, se le suma recorte de fondos nacionales que intentan consagrar la pérdida histórica del punto de coparticipación por lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió una instancia de conciliación obligatoria con el Estado nacional por una deuda millonaria de fondos adeudados.

Pero mientras ese conflicto se tramita dentro de las reglas del Estado de derecho, otro proceso avanza por abajo: una estrategia de desestabilización política que combina operaciones mediáticas, discursos que piden “intervención federal”, comparaciones con Venezuela y la movilización de sectores de la policía provincial como herramienta de presión.

Este análisis propone reconstruir una línea de tiempo de hechos y discursos desde la asunción de Javier Milei y leerlos desde una perspectiva de derechos humanos: no solo como conflicto político, sino como un patrón de riesgo para la autonomía provincial, la voluntad popular, y la seguridad de quienes defendemos derechos, incluida la autora de este texto, que escribe este articulo desde el exilio tras las amenazas contra su hijo y un intento de secuestro en ese contexto.

Tras las primeras medidas del ajuste de Milei La Rioja entra en una fase aguda de conflicto económico. La disminución de recursos nacionales y el impacto en la vida cotidiana se empiezan a sentir. En este marco Martín Menem encabeza la campaña que llama a los ciudadanos a "defender a los riojanos de las propias autoridades provinciales. 

La Plaza 25 de Mayo se convierte en escenario de un reclamo policial por mejoras salariales representados legalmente por el sobrino político del senador libertario Juan Carlos Pagotto. El reclamo salarial se conviertió en plataforma para ensayar un amague de desestabilización. Sectores policiales, articulados con militantes libertarios, provincializaban el malestar nacional mientras circulaban en medios locales y redes promoviendo la idea de que Martín Menem sería el próximo gobernador y que La Rioja debía ser intervenida. Incluso se trató de instalar a nivel nacional que habia sido tomada la casa de Gobierno. 

Una vez que los reclamos cesaron, periodistas afines al gobierno de Milei retoman la idea de que la provincia es “ingobernable” y que merece una intervención federal. El guion es conocido, se exagera o distorsiona el conflicto económico, se construye la imagen de provincia “quebrada” o “corrupta”; y se presenta la intervención como “remedio” moral y administrativo.

La Rioja sacó bonos provinciales en respuesta a este conflicto y tomó una serie de medidas para que reducir el impacto de la crisis subsidiando servicios públicos escenciales. Mientras la deuda de nación se fue acumulando 2 años y a la espera que esto lo resuelva la Corte Suprema. En medio de un desastre económico que atraviesa todo el país, la Libertad Avanza sigue mostrando que la voluntad popular la sigue apoyando en gran parte del territorio nacional, excepto algunas provincias como La Rioja. Quintela se volvió un simbolo de las provincias que resisten el ajuste de Milei, pero el electorado riojano mostró estar dividido en 3 grupos marcados: unos 90 mil ciudadanos que apoyan al gobierno provincial, otros 90 mil los que apoyan al gobierno nacional, y más de 100 mil que ni van a votar. Tras esta certeza, la idea de intervención federal o de "riojanazo" volvió a circular.

En discursos de referentes locales alineados al menemismo y a La Libertad Avanza se instala la etiqueta “La Rioja es Venezuela”: una fórmula que no describe la realidad, sino que marca a la provincia como territorio que necesita ser invadido por ser  carente de institucionalidad y digno de tutela externa. En declaraciones públicas y en redes, se sostiene que “la única salida” es la intervención federal de la provincia o de su justicia.
El uso de “Venezuela” funciona como dispositivo de estigmatización: equipara cualquier modelo provincial que mantenga políticas sociales con una dictadura, borrando matices y legitimando salidas de fuerza.

En este contexto el 3 de diciembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia de La Nación, habilita un proceso de conciliación obligatoria entre la provincia y el Estado Nacional. Por primera vez hay un camino institucional abierto para resolver el conflicto, que reconoce la legitimidad del reclamo riojano.

Mientras tanto La Rioja está literalmente en llamas por incendios intencionales, con cortes de luz producto de esos incendios, por inclemencias del tiempo e incluso por vandalización a centrales eléctricas. En simultaneo, la ciudadania padece las consecuencias de dos años de una economía empobrecedora de los sectores más vulnerables, con el impacto directo de más de mil millones de dólares que no circularon por la provincia, mientras el gobierno provincial explica la imposibilidad de subir los sueldos como consecuencia del desfinanciamiento nacional.

Ante esta situación, sectores libertarios locales convocan a una marcha en Plaza 25 de Mayo con referencias al “Riojanazo”. El Riojanazo fue una pueblada ocurrida en la ciudad de La Rioja el 4 de diciembre de 1993. Fue un estallido social espontáneo, masivo e inorgánico, que derivó en graves incidentes, saqueos y enfrentamientos.

En 1993 gobernaba Bernabe Arnaudo que estaba aliado al gobierno Nacional de Carlos Menem. Las políticas de ajuste estructural del menemismo habían golpeado especialmente a provincias pobres como La Rioja, donde encima los empleados públicos llevaban tres meses sin cobrar su sueldo, los comercios estaban desabastecidos y habia falta de alimentos. Arnaudo, lejos de resistir el ajuste del gobierno nacional, lo acompañó con legislación interna como la ley ómnibus que fue el detonante del Riojanazo porque establecía un fuerte ajuste que implicó la reforma previsional, laboral e impositiva que detonó la situación social.

El rol de la policia en aquel entonces fue el de reprimir a los manifestantes con balas de goma, bastones y gases lacrimogenos, pero la protesta se mantuvo firme hasta que se derogara la ley cuestionada y la cesantía de 10 mil empleados públicos. 

Paralemente a la marcha convocada por los espacios libertarios, los espacios sindicales que participaron de aquel movimiento hace 32 años, conmemoran aquella resistencia comparando el menemismo con el actual gobierno de Javier Milei.

Hoy esa analogía es abiertamente falsa, si bien la crisis nacional es muy similar, la postura del gobierno provincial no está alineada con el ajuste del gobierno nacional como en aquella época, y por ende no hubieron miles de despidos por parte del gobierno provincial, ni sueldos impagos a pesar del desfinanciamiento. Lejos de existir un movimiento espontáneo, detrás de esta movilización, como en anteriores, está la infraestructura de un gobierno nacional atacando a un gobierno provincial opositor, donde el rol de los de azul es el síntoma de un país que retrocede en términos de derechos humanos. 

El rol de los de azul.

Las fuerzas policiales no pueden convertirse en actores políticos. Cuando reclaman en bloque, se acuartelan o se movilizan bajo consignas se arengan estas marchas, dejan de ser garantes de derechos y pasan a ser un factor de coerción sobre la ciudadanía y sobre las autoridades electas.

La frustración por las condiciones salariales de los empleados estatales es real y legitima, y los agentes policiales también tienen derecho a reclamos laborales. Pero cuando ese malestar se articula con operaciones políticas que proponen “La Rioja es Venezuela” o “la única salida es la intervención federal”, el reclamo se instrumentaliza para justificar salidas de fuerza.
Infiltración política en la fuerza.

La presencia de infiltrados o cuadros orgánicos de un gobierno nacional dentro de la policía provincial que militan la desestabilización del gobierno local vulnera tres principios básicos, primero la neutralidad institucional de las fuerzas de seguridad, despúes la autonomía provincial en un sistema federal y finalmente el derecho de la ciudadanía a que su voto no sea anulado por presiones armadas.

La CIDH y la ONU han advertido históricamente que la participación de fuerzas de seguridad en procesos de desestabilización, como los levantamientos policiales en Ecuador o Brasil, constituyen una amenaza grave para el orden democrático y para los derechos humanos de la población, porque crea escenarios de violencia, represión selectiva y vacío de protección.

La secuencia que se ve en La Rioja no es un conjunto de hechos aislados, sino una narrativa coherente con desfinanciar una provincia que incomoda políticamente, exacerbar el malestar económico con discursos de odio y desinformación. Utilizar la figura de la intervención federal y la comparación con Venezuela para instalar la idea de que la provincia es ingobernable e ilegítima, y movilizar a la policía como fuerza de presión política contra el gobierno provincial.

Perseguir, amedrentar y disciplinar a quienes documentan estos procesos, incluyendo amenazas a sus hijos e intentos de secuestro, es parte de ese mismo plan.  No hay democracia o estado de derecho posible si una provincia es tratada como botín de guerra de un gobierno nacional, un sector partidario o una alianza judicial–mediática, y si la policía deja de ser garante de derechos para convertirse en su verdugo.

Nombrar este riesgo, documentarlo con fechas, fuentes y testimonios, y visibilizar el impacto concreto es un paso necesario para exigir medidas de protección individuales y colectivas, y para defender lo que está en juego de fondo: el derecho de La Rioja a decidir su propio destino sin armas apuntándole a la cabeza.