Desinformación de género

En los últimos años se consolidó un fenómeno global que atraviesa redes sociales, campañas políticas y medios de comunicación, la desinformación de género. No se trata solo de información incorrecta o de opiniones aisladas, son estrategias de manipulación que se sostienen gracias a los efectos de la postverdad. Diversos organismos internacionales describen este despliegue como una estrategia coordinada para distorsionar datos sobre desigualdad estructural y atacar al movimiento organizado de mujeres, desacreditando así políticas que combaten esas desigualdades y silenciar aquellas voces que amplifican la lucha por la igualdad. 

La narrativa suele presentarse como defensa de la “igualdad ante la ley” o del “sentido común”, pero al contrastarla con estadísticas verificables aparece un patrón claro, los discursos niegan problemas ampliamente documentados por la investigación científica, la justicia y organismos internacionales. La relatoría especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión define la desinformación de género como la difusión de narrativas engañosas que buscan deslegitimar la participación pública de las mujeres y desacreditar las políticas de igualdad, muchas veces mediante campañas coordinadas en redes sociales.

Estas narrativas suelen seguir una lógica repetida, negar la existencia de desigualdades estructurales, exagerar fenómenos marginales, presentar las políticas de igualdad como privilegios, desacreditar a las víctimas de violencia, etc. Sin embargo, cuando se comparan esas afirmaciones con datos verificables, las contradicciones aparecen rápidamente.

“Exageradas, extremistas”

Una de las afirmaciones más repetidas en discursos antifeministas sostiene que la violencia de género sería una exageración ideológica. Los datos globales dicen otra cosa. La Organización Mundial de la Salud estima que casi 1 de cada 3 mujeres en el mundo (alrededor del 30 %) ha sufrido violencia física o sexual de parte de una pareja, o sea, un estimado de 50 mil mujeres riojanas. La violencia letal también muestra un patrón claro. Según el informe global de ONU Mujeres, alrededor de 83.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el mundo en un solo año, y aproximadamente el 60 % de esos homicidios fueron cometidos por parejas o familiares. Esto significa que, a escala global, una mujer es asesinada cada diez minutos por alguien de su entorno cercano. Cuando hablamos de Argentina, cada 33 horas una mujer asesinada por motivos de género.  

En La RIoja, donde la tasa de homicidios es la más baja del país, solemos tener más femicidios que homicidios por cualquier otro motivo. 

"La violencia no tiene género"

Otra afirmación frecuente sostiene que la violencia afecta por igual a hombres y mujeres. Los datos muestran que los patrones de violencia son distintos. Aunque los varones representan la mayoría de las víctimas de homicidio en contextos de criminalidad o conflictos entre hombres, más del 90% de los homicidios del mundo son perpetrados por varones, por lo que podemos afirmar un factor determinante de la masculinidad en la violencia letal. Por otro lado, la violencia doméstica y familiar afecta de manera desproporcionada a las mujeres y casi 60 % de las mujeres asesinadas en el mundo mueren a manos de parejas o familiares, lo que convierte al hogar en el lugar más peligroso para una mujer. Este patrón sistemático es lo que explica la existencia de la categoría jurídica de femicidio, que describe homicidios vinculados a la violencia de género.

"Las denuncias falsas son un problema masivo"

Las campañas de desinformación suelen insistir en que las denuncias falsas serían una práctica generalizada. Los estudios internacionales muestran otro fenómeno, el subregistro de las denuncias.  Según la Organización Mundial de la Salud, menos del 40 % de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda, y una proporción aún menor denuncia ante las autoridades. Esto significa que la mayoría de los casos ni siquiera llega al sistema judicial.

"Cuidado con los extraños"

El imaginario social suele asociar los delitos sexuales con agresores desconocidos en espacios públicos. Las muejeres hemos crecido con recomendaciones constantes de cuidarnos de extraños. Sin embargo, los estudios criminológicos muestran que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por personas conocidas por la víctima, muchas veces dentro del entorno familiar o intimo. Este patrón es consistente en investigaciones internacionales y en estadísticas judiciales de distintos países. Este mito aleja la posibilidad de prevenir y abordar estos delitos desde su realidad.

“Las leyes de género rompen la igualdad ante la ley”

Otra narrativa frecuente afirma que las políticas de igualdad crean privilegios para las mujeres.
En derecho internacional, sin embargo, las normas específicas surgen de un principio ampliamente reconocido, la igualdad sustantiva. Este principio reconoce que tratar exactamente igual a personas en situaciones profundamente desiguales puede perpetuar la desigualdad. Por esa razón existen tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará contra la violencia de género. Estas normas buscan corregir desigualdades estructurales, no crear privilegios.

En un comunicado global publicado en 2026, ONU Mujeres advirtió que ningún país del mundo ha alcanzado todavía la plena igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Según ese informe las mujeres tienen solo el 64 % de los derechos legales que tienen los hombres a nivel mundial. En 54 % de los países la violación no está definida legalmente sobre la base del consentimiento, lo que deja a muchas víctimas sin protección jurídica adecuada. En 44 % de los países la ley no exige igualdad salarial por trabajo de igual valor, por lo que las mujeres pueden recibir legalmente menos salario que los hombres. En 72 % de los países el matrimonio infantil sigue permitido en alguna circunstancia.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, advirtió que negar justicia a mujeres y niñas tiene consecuencias que van más allá de cada caso individual. Según sus palabras, “un sistema de justicia que falla a la mitad de la población no puede pretender defender la justicia”. Además de las brechas legales, la ONU señala que el acceso real a la justicia se ve limitado por múltiples barreras estructurales, como el costo y la duración de los procesos judiciales, la falta de confianza en las instituciones, el estigma social y la culpabilización de las víctimas, el miedo a represalias o a no ser creídas. Estas barreras explican por qué muchos casos de violencia nunca llegan al sistema judicial.

Cómo se organiza la desinformación de género

La investigación académica y los informes internacionales coinciden en que la desinformación de género no surge de manera espontánea. En muchos casos forma parte de movimientos políticos conocidos como movimientos “antigénero”, que se oponen a políticas de igualdad, derechos reproductivos o educación sexual. Estos movimientos operan mediante campañas en redes sociales, think tanks ideológicos, organizaciones religiosas o políticas y campañas electorales. Diversos estudios señalan que estos actores funcionan como redes transnacionales que comparten narrativas, estrategias y financiamiento.

Las investigaciones sobre financiamiento revelan que estas redes movilizan recursos significativos.
Un informe del Global Philanthropy Project estimó que entre 2013 y 2017 las organizaciones vinculadas al movimiento antigénero movilizaron 3.700 millones de dólares, superando incluso el financiamiento global destinado a organizaciones LGBTI en el mismo período.En Europa, el financiamiento anual de estas organizaciones alcanzó 271 millones de dólares en 2022, con recursos provenientes de actores políticos, organizaciones religiosas y donantes internacionales. Los informes también indican que estos fondos se utilizan para campañas políticas, producción de contenidos en redes, litigios estratégicos y lobby legislativo.

Desinformación y agenda política

El crecimiento de estas narrativas está vinculado a agendas políticas que buscan cuestionar avances en derechos humanos. Según diversos estudios, estas campañas suelen centrarse en temas como derechos reproductivos, educación sexual, derechos LGBTI, legislación contra la violencia de género, etc. En muchos casos, la estrategia consiste en redefinir el debate público, instalando marcos narrativos que cuestionan la legitimidad de las políticas de igualdad.

La desinformación de género no es un fenómeno menor. La relatoría de Naciones Unidas advierte que estas campañas pueden poner en riesgo la seguridad de las mujeres, desalentar denuncias y debilitar las políticas de prevención de la violencia. Cuando las estadísticas se contrastan con los discursos que circulan en redes, la conclusión es clara. Mientras las narrativas hablan de exageraciones o privilegios, la mayoría de los agresores se sienten legitimados. La violencia de género no es una opinión ni una ideología. Es un fenómeno ampliamente documentado por la investigación científica, las estadísticas judiciales y los organismos internacionales.

Este punto se vuelve aún más relevante por la vinculación del condenado con quienes impulsan reformas legislativas y campañas discursivas centradas en el problema de las denominadas “falsas denuncias” en materia de violencia de género y violencia contra niños, niñas y adolescentes. La reciente evaluación internacional del Estado argentino ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) refuerza estas preocupaciones. El organismo manifestó preocupación por la alta incidencia de violencia sexual y de género y recomendó fortalecer la investigación penal, la capacitación de operadores judiciales y las políticas de protección a víctimas. Entre los puntos señalados se destaca la creciente centralidad de discursos y reformas que ponen el foco en las denominadas “falsas denuncias” y en la deslegitimación de testimonios en casos de violencia intrafamiliar y sexual, en lugar de fortalecer los mecanismos de investigación y protección. CEDAW alerta que este giro discursivo debilita la respuesta estatal frente a delitos graves.

Entre los puntos críticos, tambieén se encuentran las restricciones y cuestionamientos a la Educación Sexual Integral (ESI), política considerada por los estándares internacionales como una herramienta central para la prevención del abuso sexual infantil y otras formas de violencia. El Estado argentino invocó la “responsabilidad parental” para justificar limitaciones a la ESI, postura que desconoce que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y que el acceso a educación sexual integral constituye una obligación legal y convencional. Y las observaciones de la ONU concluyen que el debilitamiento de estas políticas puede afectar la capacidad estatal para prevenir, investigar y sancionar violencias contra mujeres, niñas y adolescentes.

Mientras se multiplican iniciativas legislativas y mediáticas orientadas a instalar la sospecha sobre quienes denuncian violencias y perseguir posibles delitos cometidos en la adolescencia, la sociedad dispone de escasa información sobre las estrategias estatales destinadas a combatir estos delitos de adultos que afectan a millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.