La fábula de los Machados

Tras el resultado electoral, un grupo reducido de referentes opositores en La Rioja ha intentado instalar una narrativa que en la provincia existe un “régimen” comparable al de Venezuela, y que ellos serían víctimas de persecución política por parte del gobierno provincial.

Sin embargo, quienes hoy agitan fantasmas de dictaduras provinciales no encajan en ninguno de los indicadores reales de persecución estatal. No tienen causas judiciales por su activismo o por ejercer su derecho de informar, no enfrentan prisiones preventivas arbitrarias, no sufren medidas judiciales de censura, no han sido allanados, ni sus dispositivos no han sido secuestrados, no han sido reprimidos por movilizarse y, mucho menos, están privados de su libertad.

Argentina acaba de descender de categoría en el ranking global de libertades cívicas,
un retroceso grave que se explica por políticas nacionales que han habilitado criminalización de la protesta, estigmatización del periodismo y represión contra manifestantes,  bajo una gestión nacional que además viene desfinanciando deliberadamente a las provincias, especialmente a La Rioja.

La construcción discursiva que busca equiparar a La Rioja con Venezuela no responde a un análisis político serio, pero es un recurso estratégico para instalar la idea de que la provincia necesita la intervención del gobierno nacional como se repite hace dos años, con el fin de consolidar la idea de que La Rioja es un territorio “dictatorial”, “ingobernable” o “antidemocrático”.

Esta línea argumental no surge espontáneamente, va de la mano con la percepción previa de que las provincias siguen siendo feudos en su distribución de poder, y hoy es impulsada desde espacios del menemismo residual vinculados a La Libertad Avanza y se amplifica desde cuentas y organizaciones que afines al Gobierno Nacional actual.

Pero para que esa narrativa prenda, estos actores apelan a la figura del “perseguido”. Y allí aparece el intento de construir una épica, la del opositor heroico que, desde un pago chico, resistiría la opresión de un poder provincial. Una épica sin correlato fáctico. No porque no existan voces críticas que padezcan persecución en recónditos rincones de nuestro país, sino porque no son precisamente estos soldados libertarios los que las padecen. 

Mientras activistas, periodistas, trabajadores y jubilados sí padecen represión, hostigamiento, criminalización y violencia institucional bajo el Gobierno Nacional, los “perseguidos” de La Rioja exhiben una trayectoria muy distinta: No tienen causas judiciales por motivos políticos, no fueron reprimidos por la policía durante alguna protesta, no sufren persecución laboral o económica, y por el momento no podemos detectar la violencia institucional de las que aseguran ser víctimas.

El caso de Bruno Martínez, por ejemplo, goza de plena libertad para acusar cotidianamente a ciudadanos o funcionarios de cometer delitos desde redes sociales. Incluso, si alguna vez la justicia le solicitara que declare sobre dichas imputaciones que formula públicamente, eso no constituiría persecución política, sino el funcionamiento básico del Estado de derecho.

Lo mismo ocurre con Emilio Pagotto, a quien la justicia le pidió que dejara de violentar en un escrito judicial recientemente y a raíz de eso llegó a compararse con Corina Machado para convocar a una marcha donde víctimas reales protestaron por dicho escrito.

Pagotto ha sido la cara visible de la persecución de quien escribe desde el exilio después del intento de secuestro de su hijo, previo a amenazas realizadas desde el entorno del nepoabogado. Ha tratado a periodistas, activistas y funcionarias de terroristas para militar la ley que su tío milita en el congreso nacional, mientras la OEA advierte cómo esos discursos violan tratados internacionales y vulneran los derechos de las víctimas. 

Emilio Pagotto, que ha confesado públicamente haber entrado al caso Arcoiris para censurarme, y hoy se autopercibe perseguido porque en un escrito le pusieron un límite bastante blando al ejercicio de la violencia impune que ejerce contra muchas personas. Convoca a marchas donde el dolor que siente por la publicación de dicho escrito pareciera ser más relevante que los asesinatos impunes de la provincia, o que los abusos sexuales intrafamiliares, o que las lesiones que padece la democracia cuando periodistas somos sistemáticamente censuradas por órdenes judiciales que él mismo ha promovido. 

Lo que estos actores buscan no es protección, sino validación. No denuncian violaciones concretas de derechos, sino una sensación autoconstruida de victimización que les permite sostener un relato político útil a su proyecto de desprestigiar la institucionalidad de La Rioja para justificar la agenda oscura de un Gobierno Nacional que destruye el Estado desde adentro.

El contraste con quienes sí vivimos persecución real, o sea periodistas exiliadas, activistas criminalizados, jubilados reprimidos, trabajadores presos por protestar, expone el cinismo de esta estrategia.

El problema no es que existan voces críticas al gobierno provincial, porque las hay y necesitamos que existan. El problema es cuando esas voces se presentan como mártires de una represión inexistente, mientras callan o minimizan las violencias ejercidas por el mismo Gobierno Nacional que los financia, ampara o promueve.

Lo más grave de esta narrativa fabricada es que se instala en un país donde sí hay persecución política, judicial y mediática real, donde sí hay periodistas exiliadas, activistas criminalizadas, defensores de derechos humanos hostigados y personas que viven con miedo fundado por amenazas, allanamientos, medidas judiciales arbitrarias y campañas de difamación sostenidas por sectores del Estado.

En este contexto, que actores alineados con el Gobierno Nacional, el mismo gobierno denunciado por organismos internacionales por deteriorar libertades civiles, se presenten como víctimas de una persecución que no existe, no es solo una contradicción, es una forma de violencia simbólica y política con efectos muy concretos.

Cuando alguien sin riesgos efectivos se arroga la identidad de “perseguido”, lo que hace es diluir, relativizar y hasta ridiculizar la experiencia de quienes sí hemos debido exiliarnos, de quienes padecemos abusos de poder para silenciarnos, de quienes fuimos allanados sin fundamento, de quienes enfrentamos causas penales fabricadas por investigar violencias o denunciar abusos o quienes perdieron la vida por defender derechos. Esa banalización es dañina, porque si cualquier cosa es persecución, entonces nada lo es, y así el Estado queda libre para profundizar los ataques, como pasa en paises como la citada Venezuela, donde la violación sistemática de derechos humanos está completamente naturalizada y dejó de ser sorpresa.

La simulación de victimización crea ruido y confusión. Juega con nuestra atención, genera discusiones vacías y obliga a disputar sentidos en un terreno ficticio. Eso debilita la capacidad social de identificar dónde están las violaciones reales, qué sectores del Estado las cometen, y contra quiénes. Así, mientras se debate la supuesta “dictadura riojana”, desaparecen del centro de la escena la represión nacional, la criminalización de la protesta, los ataques a la prensa y los exilios forzados.

Estas performances de persecución no son inocentes, al construir falsamente la idea de que en La Rioja hay un “régimen dictatorial”, buscan corroer la institucionalidad provincial en un contexto de acecho nacional. No están denunciando un hecho, sino intentando fabricarlo.

La misma gestión nacional que reprime jubilados, trabajadores, periodistas y activistas que protestan, promueve que sus propios aliados se describan como víctimas. Esa inversión de roles es una forma eficaz de propaganda donde el agresor se presenta como agredido, el poder se disfraza de resistencia, y quienes denuncian violencias reales quedan señaladas como “exageradas”, “peligrosas” o “desestabilizadoras”.

Estas personas hablan de miedo, pero no lo conocen. Hablan de persecución, pero no la viven. Hablan de dictadura, pero no enfrentan al poder, sino que operan por y para él. 

En un país donde la libertad de expresión se está debilitando, donde hay periodistas exiliadas y donde las personas que denuncian violencias institucionales son criminalizadas, la simulación de persecución por parte de sectores oficialistas no es solo una mentira política: es un acto profundamente dañino.

Daña a quienes sí sobrevivimos al miedo. Daña la comprensión social de la violencia estatal. Daña la democracia reemplazando los hechos por ficciones útiles al poder. Sus fábulas no son parte de la solución, sino del problema.