Niñez punible,
niñez desprotegida

Con la aprobación de la baja de la edad de imputabilidad, Argentina amplió su capacidad de castigar a los adolescentes cual si esto resolviera algún problema de inseguridad. En paralelo persiste una realidad mucho más extendida, la violencia sistemática contra niños, niñas y adolescentes y las enormes dificultades que enfrentan para acceder a la justicia cuando son víctimas. La discusión penal se endurece hacia abajo mientras la protección efectiva de la infancia continúa siendo insuficiente frente a delitos cometidos, en su gran mayoría, por adultos que rara vez responden por los delitos que cometen.

La participación de adolescentes es estadísticamente marginal. Los menores de 16 representan menos del 1% de los hechos delictivos del país y la mayoría de esos casos corresponde a delitos contra la propiedad. En contraste, la violencia contra la niñez presenta una magnitud muy superior. El abuso sexual en la infancia, el maltrato físico y psicológico, la explotación laboral y sexual, son fenómenos ampliamente documentados por organismos nacionales e internacionales. En Argentina, cerca de 6 millones de niñas y niños de entre 1 y 14 años han sufrido prácticas violentas de crianza y se estima que casi 3 millones han padecido abusos sexuales antes de los 18 años. 

Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que entre el 15% y el 20% de la población sufre abuso sexual antes de los 18 años. Si esa prevalencia se aplica a la población de La Rioja, donde viven alrededor de 120.000 niños, niñas y adolescentes, entre 18.000 y 24.000 personas podrían haber sufrido abuso sexual durante su infancia en la provincia. Se trata de estimaciones epidemiológicas que reflejan la dimensión real del fenómeno, no el número de denuncias judiciales. La diferencia es central, porque el abuso sexual en la infancia es uno de los delitos con mayor subregistro, se estima que solo el 10% de los hechos se denuncia y que apenas el 1% llega a condena. Esto implica que la mayoria de los agresores nunca fueron investigados ni sancionados.

La mayoría de los abusos sexuales contra niños y niñas ocurre en el ámbito intrafamiliar o en entornos de cercanía. Diversos estudios coinciden en que entre el 70% y el 85% de los agresores pertenecen al entorno familiar o de confianza de la víctima. Este dato modifica por completo el mito de que el peligro proviene de extraños. La violencia sexual contra la infancia se produce mayoritariamente en espacios privados, bajo relaciones de dependencia y poder profundamente desiguales. En esos contextos, la posibilidad de denunciar se ve condicionada por el miedo, la dependencia económica y afectiva y el encubrimiento familiar. Aunque la ley reconoce el derecho de los niños a ser escuchados y a denunciar, el acceso real a la justicia continúa siendo limitado por la asimetria de poder que reviste este tipo de delitos. 

A su vez, el maltrato infantil sigue siendo uno de los fenómenos más extendidos y naturalizados. Según UNICEF el 59% de niñas y niños sufrió prácticas violentas de crianza, el 42% recibió castigo físico y 51,7% sufrió agresión psicológica. Esto significa que más de la mitad de la infancia argentina atraviesa formas de violencia en su hogar. A esto se suma la persistencia de la explotación laboral infantil y de formas de explotación sexual comercial que afectan especialmente a niñas y adolescentes en contextos de pobreza y vulnerabilidad. Estos delitos se desarrollan en escenarios donde la asimetría de poder entre adultos y niños es extrema y donde la detección depende, muchas veces, de la intervención de terceros o del propio Estado.

Mientras la agenda política se concentra en endurecer el sistema penal contra adolescentes, existe otra expansión mucho menos debatida y profundamente alarmante, el crecimiento sostenido del consumo, producción y circulación de material de explotación sexual infantil a escala global. No se trata de un fenómeno marginal ni excepcional. Los organismos internacionales lo describen como una de las amenazas más graves y de crecimiento más rápido contra la niñez en el mundo digital contemporáneo.

La explotación sexual infantil online es hoy uno de los mercados criminales de mayor crecimiento global. En 2023 se registraron 36,2 millones de reportes de explotación sexual infantil online en el mundo. La digitalización ha multiplicado la escala del fenómeno. Informes internacionales registran incrementos sostenidos en la distribución de este tipo de material y en las denuncias vinculadas a explotación sexual en línea, con aumentos de más del 1.200% en una década. La expansión tecnológica, las redes cifradas y la circulación global de archivos permiten que el material producido en cualquier punto del mundo sea consumido de forma masiva y permanente. Las imágenes pueden reutilizarse durante años, prolongando la victimización de quienes aparecen en ellas incluso mucho después de terminado el abuso físico inicial.

Interpol advierte que la explotación sexual infantil en línea se expande a un ritmo alarmante y que millones de denuncias sobre este material se reciben cada año en sistemas globales de detección. El organismo internacional mantiene una base de datos mundial con 4,9 millones de imágenes y videos de abuso sexual en la infancia, que ha permitido identificar más de 42.300 víctimas en distintos países. Cada uno de esos archivos no es una representación abstracta, corresponde a un abuso real cometido contra un niño o niña. Estos representan delitos reales y sufrimiento real que se perpetúa cada vez que el material circula. Se estima que 1 de cada 8 niños del planeta esta siendo victima de este delito, si se aplican a la población argentina las estimaciones el fenómeno podría alcanzar a cerca de 1,7 millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

La dimensión estructural del fenómeno también quedó expuesta en el caso Jeffrey Epstein. La desclasificación de millones de documentos judiciales y registros audiovisuales reveló redes de explotación sexual de menores con conexiones en ámbitos de poder económico, político y empresarial. Investigaciones recientes identificaron cientos de referencias a Argentina en esos archivos y evidenciaron la magnitud transnacional de las redes vinculadas al financista. El caso mostró que la explotación sexual infantil organizada no se limita a circuitos marginales, sino que puede involucrar estructuras de alto poder y recursos capaces de sostener mecanismos de encubrimiento durante años.

El crecimiento del material de explotación sexual infantil se vincula directamente con la situación de las infancias. Cada archivo implica la existencia de una víctima. Cada red de consumo implica una red de producción. Cada incremento en la circulación supone la persistencia de agresores activos. En ese contexto, organismos internacionales advierten que la explotación sexual digital no es un fenómeno aislado, sino parte de un sistema más amplio de violencias que incluye abuso intrafamiliar, grooming, explotación sexual comercial y trata.

En Argentina, la baja de la edad de imputabilidad se aprobó en un contexto donde el número de adolescentes que cometen delitos es estadísticamente bajo, mientras la violencia sexual contra la infancia y su explotación digital muestran dimensiones mucho más amplias y niveles de impunidad elevados. La pregunta que emerge no es retórica, qué prioridades expresa un sistema penal que se expande hacia los menores mientras la explotación sexual infantil, en sus formas físicas y digitales, continúa creciendo a escala global y local.

La evidencia internacional indica que la explotación sexual infantil en línea es hoy uno de los mercados criminales más extendidos del mundo. Su persistencia depende de redes de demanda adulta y de la dificultad estructural para investigar circuitos que muchas veces involucran actores con recursos y capacidad de encubrimiento. En ese escenario, cualquier discusión sobre seguridad y niñez que omita esta dimensión corre el riesgo de enfocarse en los actores más vulnerables del sistema y dejar fuera del centro del debate a quienes ejercen las violencias más graves contra la infancia.

En 2025, la justicia riojana condenó a 35 años de prisión a un exfuncionario de Chilecito Alfredo Chade por los delitos contra una niña, luego del hallazgo de más de 1.300 archivos de material de explotación sexual infantil, donde el condenado aparece en más de 900 fotos y videos cometiendo los hechos denunciados. La sentencia constituye un hecho relevante, sobre todo en el marco de una causa con reclamos sociales a lo largo de 7 años. Sin embargo, el caso deja abierta una pregunta que excede a una causa en particular y remite a una discusión estructural: ¿qué ocurre con las investigaciones sobre el destino, la eventual circulación y el consumo de ese material?

Los estándares internacionales en materia de persecución de delitos de explotación sexual infantil señalan que, ante el hallazgo de grandes volúmenes de material, las investigaciones suelen abarcar no solo la responsabilidad del productor o poseedor, sino también posibles circuitos de almacenamiento, intercambio o consumo, por lo que se establece la obligación estatal de agotar esas líneas de investigación.

Este punto se vuelve aún más relevante por la vinculación del condenado con quienes impulsan reformas legislativas y campañas discursivas centradas en el problema de las denominadas “falsas denuncias” en materia de violencia de género y violencia contra niños, niñas y adolescentes. La reciente evaluación internacional del Estado argentino ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) refuerza estas preocupaciones. El organismo manifestó preocupación por la alta incidencia de violencia sexual y de género y recomendó fortalecer la investigación penal, la capacitación de operadores judiciales y las políticas de protección a víctimas. Entre los puntos señalados se destaca la creciente centralidad de discursos y reformas que ponen el foco en las denominadas “falsas denuncias” y en la deslegitimación de testimonios en casos de violencia intrafamiliar y sexual, en lugar de fortalecer los mecanismos de investigación y protección. CEDAW alerta que este giro discursivo debilita la respuesta estatal frente a delitos graves.

Entre los puntos críticos, tambieén se encuentran las restricciones y cuestionamientos a la Educación Sexual Integral (ESI), política considerada por los estándares internacionales como una herramienta central para la prevención del abuso sexual infantil y otras formas de violencia. El Estado argentino invocó la “responsabilidad parental” para justificar limitaciones a la ESI, postura que desconoce que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y que el acceso a educación sexual integral constituye una obligación legal y convencional. Y las observaciones de la ONU concluyen que el debilitamiento de estas políticas puede afectar la capacidad estatal para prevenir, investigar y sancionar violencias contra mujeres, niñas y adolescentes.

Mientras se multiplican iniciativas legislativas y mediáticas orientadas a instalar la sospecha sobre quienes denuncian violencias y perseguir posibles delitos cometidos en la adolescencia, la sociedad dispone de escasa información sobre las estrategias estatales destinadas a combatir estos delitos de adultos que afectan a millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.